La Policía Nacional, en colaboración con diversas entidades tanto nacionales como internacionales, logró desarticular una peligrosa red criminal dedicada al tráfico de migrantes. La operación, denominada ‘Europe Express’, dejó la captura de 31 sujetos, incluidos funcionarios públicos.
La organización, con base en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, operaba ofreciendo servicios fraudulentos para la obtención de documentos de identidad colombianos a migrantes de República Dominicana y Venezuela. Esto se llevaba a cabo mediante la expedición ilegal de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes.
Entre los detenidos se encuentran seis funcionarios públicos: tres de la Registraduría Nacional del Estado Civil y tres de la Cancillería. Estos individuos, en complicidad con los cabecillas de la banda, facilitaban la obtención de documentos falsificados, aprovechando su posición dentro de las instituciones.
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La investigación, que se remonta al año 2021, revela que la organización cobraba sumas significativas, entre dos mil y cuatro mil quinientos dólares, por cada documento irregular. Estos documentos permitían a los migrantes obtener una apariencia de ciudadanía colombiana y viajar, principalmente a través de México hacia los Estados Unidos o hacia países europeos.
El cabecilla principal de la red, un ciudadano dominicano, está siendo buscado a nivel internacional mediante una notificación azul de Interpol por cargos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. Asimismo, se ha identificado a una ciudadana colombiana como otro de los líderes de la organización, quien contaba con la colaboración de seis miembros de su familia.
La Registraduría Nacional del Estado Civil anuló 344 cédulas falsas expedidas por este grupo delictivo, principalmente destinadas a migrantes dominicanos.
Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con el tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la Nación solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los capturados, quienes comparecerán ante los jueces correspondientes para responder por sus acciones.
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