Esta mañana el Gobierno Distrital descubrió que 5 menores de edad, entre ellos, una joven en embarazo, estaban siendo sometidos a un castigo en un cepo en el Parque Nacional. La Alcaldía de Bogotá rechazó este tipo de torturas para menores de edad.
Este viernes, a las 11:00 a.m., durante un recorrido de la estrategia móvil 24/7, el Gobierno Distrital detectó una situación alarmante en el Parque Nacional. Cinco menores de edad, entre los 12 y 17 años, incluidos una joven embarazada, fueron encontrados sometidos a castigo en un cepo, un mecanismo de tortura prohibido. La comunidad tenía previsto prolongar este castigo hasta las 6:00 p.m.
Este no es el primer incidente de este tipo en el parque. El pasado 24 de julio, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el uso ilegal del cepo contra un habitante de calle. Días después, el 14 de agosto, se amplió la denuncia identificando a los presuntos responsables. El 18 de julio, la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Étnicos, gestionó la entrega de dos cepos en poder de la comunidad, como un acto de confianza para evitar este tipo de situaciones.
En reiteradas ocasiones, la administración distrital ha dialogado con la comunidad para enfatizar que el uso del cepo no está permitido y no será tolerado. Se ha insistido en resolver los conflictos a través de mecanismos legales y el acompañamiento de las entidades correspondientes.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo a estos hechos en un pronunciamiento en su cuenta de X.
“Rechazamos categóricamente estos actos cometidos por parte de la comunidad Emberá. Insistimos en que no se cumplen los elementos necesarios para aplicar jurisdicción indígena en el Parque Nacional y ampliaremos las denuncias puestas ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas. Seguiremos haciendo todo lo necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, escribió.
La Alcaldía de Bogotá ratificó que no permitirá el uso ilegal del cepo, ni la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la comunidad. Ante estos hechos, se ampliarán las denuncias ante la Fiscalía por usurpación de funciones públicas y se solicitará una medida cautelar para retirar el cepo de manera definitiva, previniendo así su uso en el futuro.
Además, el Distrito pedirá al Ministerio Público una agencia especial para impulsar el proceso penal y evitar que estas situaciones se repitan.
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