Un juez de la república condenó a 6 años y 4 meses de prisión al abogado Ariel Ortega Martínez, luego de encontrarlo responsable de las amenazas a los periodistas Daniel Samper Ospina, María Antonia García de la Torre y el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’.
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró en juicio que el procesado fue quien, entre los años 2017 y 2018, envió mensajes intimidatorios a través de redes sociales contra las víctimas.
Según la Fiscalía, por la contundencia del material probatorio técnico y testimonial presentado, además de la pena principal impuesta por el delito de amenazas, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, le ordenó a Ortega Martínez el pago de una multa de 29.77 salarios mínimos legales vigentes, y lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 48 meses.
Al término de la audiencia de lectura de sentencia, por disposición del juez, se le concedió al procesado la prisión domiciliaria.
En sus redes sociales, una de las afectadas por el actuar del abogado Ortega Martínez, la periodista María Antonia García de la Torre expresó que con esta medida “se sienta un precedente importantísimo en materia de protección de la libertad de prensa en Colombia”.
Cabe recordar que el condenado empleó la red social Twitter para comentar la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para silenciar a la prensa, y de paso amenazaba a ‘Matador’ y a Samper. A De la Torre le hacía mensajes discriminatorios de género.
Al respecto de este caso se pronunció la Fundación para la Libertad de Prensa, que indicó: “La FLIP celebra esta decisión, pues tuvo en cuenta el grave impacto de las amenazas sobre la prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general: el 98% de las amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer”.
Y a esto la fundación agregó que “la FLIP advierte que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes. Esto envía un mensaje permisivo a quienes atacan a la prensa y deja inconclusa la desactivación del riesgo”.
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