El fallo, emitido el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, fue cuestionado por el ente acusador, que consideró que el juez no valoró adecuadamente todas las pruebas presentadas durante el juicio.
El grupo paramilitar, que operó en el norte de Antioquia en la década de los 90, habría tenido en la hacienda La Carolina un punto de reunión, según la investigación de la Fiscalía.
Aunque el juez Herrera Niño descartó la implicación de Uribe en el homicidio de Camilo Barrientos, el ente acusador sostiene que la evidencia demuestra la posible vinculación del ganadero con la creación y actividades del grupo armado.
Barrientos, conductor de bus escalera asesinado en 1994, fue uno de los casos que impulsó la acusación, aunque la defensa de Uribe señaló que los responsables fueron otras personas, entre ellas el mayor (r) Juan Carlos Meneses y Alexander Amaya.
El abogado defensor, Jaime Granados, aseguró que el crimen de Barrientos surgió de una rencilla personal entre los autores del asesinato, mientras que la Fiscalía subrayó que este caso formó parte de una cadena de crímenes perpetrados por la estructura criminal.
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La apelación, que se presentará esta semana ante el Tribunal Superior de Antioquia, es vista como un intento de la Fiscalía por obtener una nueva evaluación de las pruebas y la responsabilidad de Uribe.
Por otro lado, representantes de las víctimas de “Los 12 Apóstoles” denunciaron que el juez no tuvo en cuenta testimonios clave.
Según el abogado de las víctimas, Sergio Mesa, el testimonio de José Leonel Restrepo es esencial para entender la relación de Uribe con el grupo paramilitar.
Restrepo afirmó que los sicarios conocidos con los alias de “Rodrigo” y otros integrantes del grupo frecuentaban la hacienda La Carolina, donde supuestamente Uribe habría tenido contacto con ellos. Estas declaraciones, junto con otras pruebas documentadas, serán parte del recurso de apelación.
Además, el caso podría ser llevado ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las presuntas irregularidades en el proceso judicial.
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Mesa subrayó que las víctimas no aceptan el fallo y continúan luchando por justicia ante los tribunales internacionales.
En medio de esto, el presidente, Gustavo Petro, expresó su preocupación sobre la situación judicial, señalando que la decisión podría reflejar una tendencia peligrosa en la justicia colombiana.
En un mensaje a través de su cuenta de X, Petro destacó que “parece que la justicia quisiera establecer el derecho a matar a los humildes” y cuestionó la imparcialidad del sistema judicial al respecto.
Redacción Colprensa.
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