Ante el juez tercero de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la excongresista Aida Merlano Rebolledo por el delito de fuga de presos, tras huir de manera cinematográfica en 2019 mientras asistía una cita odontológica en Bogotá.
El fiscal Jaime Duque fue el encargado de decirle al juez Ricardo Martínez que en octubre de 2019, cuando Merlano acudió a un centro odontológico y luego bajó por la ventana sosteniéndose de una soga, ella era consciente de la ilicitud de su conducta.
Todo ocurrió el primero de octubre, mientras Merlano era custodiada por el Inpec en la cárcel El Buen Pastor por cuenta de una orden de la Corte Suprema de Justicia. La excongresista aprovechó la cita médica para deslizarse desde el segundo piso donde estaba el consultorio, caer en el andén de una calle principal, subirse a una motocicleta y semanas después aparecer en Venezuela.
La política barranquillera, que en varias ocasiones ha declarado que las familias Char y Gerlein son los artífices de su fuga, fue imputada por el delito de fuga de presos en abril de este año, cuando llegó a Colombia tras ser deportada. Hasta ahora no aceptó los cargos.
El pasado 29 de septiembre estaba programada la audiencia de acusación, pero su abogado, Miguel Ángel del Río, no estaba presente, puesto que se encontraba atendiendo el caso del fallecido exauditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.
Merlano y del Río le pidieron al juez aplazar la diligencia, que se reprogramó para la mañana de este jueves, cuando finalmente se hizo oficial la imputación.
No obstante, ninguno de los dos acudió a la cita, sino que la defensa de la excongresista quedó en manos de la abogada Lina Valentina Bautista.
El fiscal Duque mencionó apartes del escrito que radicó ante la justicia y añadió que utilizará como pruebas los testimonios de al menos seis dragoneantes del Inpec y de los procesados hermanos Pineda Matallana, así como otras entrevistas y otros elementos.
La fecha para definir las pruebas que entraran al juicio es el 6 de febrero. Luego de eso, se dará apertura a un juicio formal en el que Merlano podría recibir una tercera sentencia que podría ser de hasta 104 meses de prisión, luego de las dos dictadas por la Corte Suprema.
Por lo pronto, la exrepresentante se encuentra en el Batallón de Ingenieros de Combate Vergara y Velasco, en Malambo (Atlántico), pagando dos condenas por delitos electorales. Una, por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas; otra, por superar topes de financiación de su campaña.
La excongresista fue trasladada a esa guarnición militar atlanticense en junio, luego de pasar cuatro meses en El Buen Pastor, tras ser deportada desde Venezuela. El abogado Miguel Ángel Del Río había denunciado amenazas en su contra.
Mientras que los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana, quienes habían aceptado cargos por ayudar en el escape de Merlano, permanecen en prisión domiciliaria mientras la Fiscalía, por orden de un juez, cambia los cargos que les imputó.
A mediados de agosto la Fiscalía les imputó el delito de favorecimiento de la fuga, que se encuentra en el artículo 449 del Código Penal. La norma indica que podrían ser condenados hasta 12 años de prisión los servidores públicos o las personas encargadas de la vigilancia de una persona detenida, que ayuden a escapar a alguien privado de su libertad.
Pero ni Juhass ni Kerly Pineda son servidores públicos. Por eso, aunque ellos mismos aceptaron haber colaborado con Merlano en su huida (él, como el falso domiciliario que condujo la motocicleta; ella, como vigilante de la escena), el juez 56 penal del circuito de Bogotá desestimó el 18 de octubre su allanamiento a cargos.
“En el caso presente, quien busca reconocer su culpabilidad carece de tal condición especial”, recalcó el juez.
“La conducta delictiva requiere la presencia de alguna condición especial para su configuración, es decir, que dicho delito haya sido perpetrado por un servidor público o una persona particular encargada de la custodia del condenado”, explicó.
Otra de las personas involucradas es la hija de la excandidata, Aida Victoria Merlano, quien ya fue condenada por haber utilizado a su hermano, de 17 años, para llevar hasta el consultorio las herramientas con las que su madre huyó.
La joven apeló la decisión el año pasado y hasta ahora el Tribunal Superior de Bogotá no se ha pronunciado.
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Por último, el excapitán del Inpec David Álvarez es otro de los condenados por los mismos hechos, pues conocía los planes de Merlano y cooperó con ellos.
Desde noviembre de 2021, cuando el juez 57 de conocimiento de Bogotá lo sentenció por prevaricato por acción y favorecimiento de la fuga de presos, paga 15 años de prisión.
Redacción Colprensa.
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