Horas después de que la juez 44 de Conocimiento de Bogotá le negó un nuevo aplazamiento a la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el exmandatario decidió retirarse de la audiencia.
Lo hizo luego de no querer responder si se declaraba inocente o culpable. Argumentando falta de garantías porque que dijo sentirse prácticamente condenado y sin posibilidad de presentar pruebas a su favor, porque la juez no aceptó una nueva solicitud de aplazamiento.
La juez le negó la petición a su abogado Jaime Granados, quien pidió un aplazamiento por siete días para revisar un material forense que se extrajo de unos computadores y unos celulares del proceso que surgió de la Corte Suprema de Justicia y que tendría pruebas sobre el testigo clave, Juan Guillermo Monsalve.
La juez consideró que el descubrimiento de pruebas ya fue realizado por Granados y este nuevo punto se podría tratar de una maniobra dilatoria. La decisión causó un recurso de queja por parte de Granados.
El pasado 27 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá le negó también a Uribe un recurso de nulidad que presentó la defensa del exmandatario y con la que insistía en que se pusiera fin al caso en su contra.
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La decisión tiene como origen el estudio de un recurso de queja en el que se alegaba que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá (encargada de llevar en su despacho el caso contra Uribe) se equivocó al rechazar de plano la solicitud de nulidad elevada por el exmandatario.
“El rechazo de plano es un argumento contradictorio, pues, asegura, se trata de una solicitud dilatoria, cuando es el legislador quien indica que este es el escenario para solicitar nulidades; los derechos de las víctimas y del procesado a que el proceso se adelanten con celeridad y eficacia, no pueden entenderse como justificación válida para limitar el debido proceso y permitir oportunidades de defensa que el mismo proceso trae dentro de su estructura”, señalo la petición de queja.
Entre los argumentos de la defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, estaba que la decisión de primera instancia habría vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de su cliente.
“En una imputación, uno debe saber de qué lo imputan, qué conforma esa imputación, cuál es la precisión de la imputación?”, argumentó la defensa y sostuvo además que las deficiencias en la formulación de cargos y en el escrito de acusación comprometían el derecho a la defensa de su cliente.
Sin embargo, el Tribunal no estuvo de acuerdo y nuevamente le negó el cierre del proceso. Básicamente, el magistrado Manuel Antonio Merchán explicó que no se vulneraron derechos fundamentales, razón por la cual los argumentos de la defensa no resultaban válidos.
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El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda.
Cepeda reveló testimonios de ex paramilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con esos grupos armados ultraderechistas, principalmente en Antioquia.
En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia.
El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que eso ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, jefe de Villarreal, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas.
Dos juezas le negaron la preclusión a Jaimes y Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Una vez se dio el cambio de fiscal solo la puerta del juicio quedó abierta para el expresidente.
Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia anunció que también lo investigara por el delito de soborno.
Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien al parecer se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.
Redacción Colprensa.
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