Imagine por un momento que usted se encuentra en la comodidad de su casa, descansando luego de un arduo día de trabajo y de repente un individuo, desde la calle, intenta meterse a la brava en su propiedad.

Esta misma indeseable situación le pasó a Fernando Amaya en 2019, un abogado de 66 años que disparó en contra de un sujeto que ingresó a su casa por la ventana.

A pesar de que una situación de esta naturaleza se interpreta a simple vista como un acto de legítima defensa, todo dio un vuelco de 180 grados en el que la víctima, quien para este caso era Amaya, resultó envuelto en un lío legal que lo tiene ad portas de ser condenado a una pena de nueve años por porte ilegal de armas; mientras, irónicamente, el ladrón que se metió a su casa se encuentra en la calle y libre de todo problema.

Q’HUBO habló ayer con Amaya para conocer más detalles sobre el proceso, para algunos injusto, que se sigue en su contra.

Un disparo y dos arrestos

Conforme al relato de Amaya y su defensa todo comenzó el 16 de mayo de 2019.

El abogado, como todas las tardes, llegó a su casa faltando pocos minutos para las seis y decidió recostarse en su habitación, ubicada en el segundo piso de su vivienda ubicada en el norte de Bogotá.

Al cabo de un momento, y de manera sorpresiva, un ruido de cristales irrumpió súbitamente en la tranquilidad del para aquel entonces señor 64 años, quien hecho un manojo de nervios y temeroso por su vida solo pudo acordarse de un revólver Smith & Wesson que le heredó su padre después de fallecer.

Ya con el arma en la mano, y siguiendo los ruidos en la primera planta de la vivienda, Amaya vio entre una barrera de cristales rotos a un individuo intentando ingresar a su casa dado lo cual, de acuerdo con su relato de lo sucedido, su única reacción fue dispararle en una pierna.

Como era de esperarse, el proyectil neutralizó al pillo y lo plantó en el piso mientras Amaya, asustado por lo ocurrido, llamó inmediatamente a la policía.

Tras unos minutos, las fuerzas del orden arribaron a la vivienda y de allí salieron con dos personas arrestadas: el ladrón, por ingresar de manera irregular a una propiedad privada, y con el abogado, quien a pesar de usar el arma para proteger su vivienda no pudo justificar la tenencia del mismo.

“Mi familia y yo nos encontramos atravesando por un vía crucis”

Desde que en el 2019 hirió con un arma de fuego a un individuo que se metió por la ventana de su casa, Fernando ha tenido que pasar, junto a su familia, por un sinfín de incidentes y obstáculos legales. Esto nos contó ayer sobre su chicharrón.
P: ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?
R: “Para mi familia, mis hijos y allegados ha sido todo un martirio todo este problema. No solo por el tiempo invertido, también hemos gastado mucho dinero en los trámites y abogados correspondientes”.
P: ¿Cuál será el paso a seguir por su defensa?, ¿cuáles recursos han utilizado?
R: “Mis abogados y la misma Fiscalía me sugirieron aplicar el recurso de preclusión, que funciona para declarar la caducidad de un proceso legal porque se entiende que continuar con su desarrollo no vale la pena. Yo lo presenté y el juez lo negó en primera instancia, pero lo que más nos sorprendió es que la fiscal a cargo del caso no decidió apelar la decisión. Cuando esto ocurre, mis asesores y yo decidimos utilizar el principio de oportunidad, otro recurso legal en el que se llega a una especie de acuerdo con la Fiscalía para revisar algunos de los cargos, conciliar desde las ambas partes, y llegar a un acuerdo que resulte con mi exoneración. Ahí estamos”.
P: Se conoció en las últimas horas que la audiencia de su caso se aplazó para el 18 de enero, ¿por qué su defensa solicitó este nuevo plazo?
R: “Mis abogados decidieron aplazar la audiencia porque aún faltan reunir algunas pruebas y documentos. Lo preocupante es que, para aquella audiencia, si la Fiscalía sigue desestimando mi recurso del principio de oportunidad, el paso a seguir sería la imputación y posterior condena por el delito de tráfico y porte de armas. Yo tengo 66 años y para mis hijos y para mí sería una tragedia. El mundo parece que se volvió al revés: me van a meter a la cárcel por defenderme”.

¿Por qué acusan a Amaya?

Consultamos al abogado Nilson Lisarazo para conocer cuáles podrían ser los motivos detrás del embrollo jurídico.

Él nos explicó que “la tenencia ilegal del arma se le articula como delito al acusado por cuanto, al momento del fallecimiento de su papá, no realizó los trámites legales necesarios para transferir la propiedad del arma a su nombre.

La norma dice que este proceso debe realizarse en un periodo no superior a los seis meses.

Tengo entendido, según otras entrevistas hechas a Fernando Amaya, que el dueño original del arma (es decir su padre) falleció en el año 2006, y el incidente con el arma y el ladrón ocurrió en 2019.

Totalmente fuera de tiempos”. A pesar de lo anterior, el experto señala que “el principio de oportunidad es perfectamente aplicable a este caso tomando en cuenta, más allá de la norma, el ejercicio del legítimo derecho a la defensa”.