El Congreso de la República aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), uno de los proyectos legislativos más ambiciosos del Gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa plantea un cambio estructural al incrementar el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se transfieren a las entidades territoriales, pasando del actual 20% al 39,5% de forma gradual durante los próximos 12 años, a partir de 2027. Aunque inicialmente se había propuesto una cifra del 46,5%, las discusiones en el Legislativo llevaron a una reducción para garantizar la viabilidad fiscal de la reforma.
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¿Cómo se implementaría esta reforma?
El objetivo principal de esta reforma es devolver la autonomía fiscal y económica a las regiones, permitiéndoles un manejo más independiente de los recursos y fortaleciendo su capacidad para gestionar proyectos de desarrollo. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta reforma representa uno de los cambios constitucionales más importantes desde 1991, ya que busca equilibrar las relaciones entre el gobierno central y las entidades territoriales. Durante el proceso legislativo, se realizaron ajustes para superar las preocupaciones de varios sectores, incluidos gobernadores y alcaldes, quienes aunque apoyaron la propuesta, hicieron énfasis en la necesidad de definir claramente las responsabilidades que acompañarían el aumento de recursos.
Una de las características más relevantes del proyecto es la transición gradual que plantea para la redistribución de los recursos. Este enfoque permite que tanto el Gobierno nacional como los entes territoriales se preparen para asumir las nuevas dinámicas fiscales. No obstante, esta transición también implica retos significativos. La representante Katherine Miranda, una de las dos congresistas que votó en contra, alertó sobre el impacto económico de la reforma. Según su análisis, implementar el cambio requerirá recursos adicionales estimados en $263 billones, lo que podría obligar a realizar múltiples reformas tributarias, poniendo en riesgo las finanzas del país y la sostenibilidad del sistema.
Además de la redistribución de los ingresos, la reforma incluye la aprobación de una ley de competencias que será fundamental para asignar nuevas responsabilidades a los entes territoriales. Este marco legal permitirá garantizar que las entidades locales cuenten con las herramientas necesarias para gestionar de manera efectiva los recursos adicionales que recibirán. Se espera que esta ley impulse el fortalecimiento institucional en los territorios, aumentando su capacidad de planificación, ejecución y supervisión de proyectos estratégicos.
El debate sobre esta reforma reflejó las preocupaciones existentes en torno a su impacto fiscal. Aunque el Gobierno argumentó que este cambio es esencial para reducir las desigualdades entre las regiones y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, algunos sectores advirtieron sobre los posibles riesgos para la regla fiscal y la estabilidad financiera del Estado. La concertación en el Congreso permitió ajustar el proyecto para reducir estos riesgos, pero persisten dudas sobre cómo se garantizará el financiamiento a largo plazo sin comprometer otras prioridades presupuestales. La reforma también implicará un esfuerzo adicional para evitar que las nuevas asignaciones sean mal gestionadas en los territorios, lo que podría debilitar los resultados esperados.
La implementación efectiva de esta reforma requerirá una articulación sólida entre el gobierno central y las entidades territoriales. Gobernadores y alcaldes han manifestado su respaldo al proyecto, reconociendo su potencial para transformar la gestión regional, pero también han solicitado mayores garantías en términos de seguridad, recursos adicionales y apoyo técnico. La transición hacia un modelo más descentralizado plantea grandes oportunidades, tanto como desafíos que demandan un compromiso conjunto de todos los actores involucrados.
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