Según la Contraloría, varios sectores del país podrían quedarse sin energía. La situación se da debido a un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público.
La Contraloría General de la República alertó este lunes que más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada), podrían sufrir racionamientos y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía.
Todo esto porque existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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En ese contexto, el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado al Gobierno, a los ministerios y superintendencias involucradas, a tomar las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas, entre ellas, aquellas que regularicen el giro oportuno de los subsidios de energía.
“A juicio de la Contraloría General de la República, contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la Costa Caribe”, señaló el órgano de control.
La Contraloría también llamó la atención acerca de que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por estas “a pesar de ser una situación de especial gravedad.
Finalmente, el ente de control puso de presente a las autoridades locales la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas, es otro factor que afecta la prestación del servicio.
Respecto de esta situación, existen circulares de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que advierten sobre la gravedad de tal conducta, además de constituir presunta falta disciplinaria contra la hacienda pública.
Redacción Colprensa
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