La lucha por la dignidad y la identidad de género
Este cambio pretende asegurar que las personas puedan definir su identidad de género de acuerdo con los principios de dignidad y no discriminación. En un contexto de reconocimiento cada vez mayor de los derechos de las personas trans y no binarias, esta propuesta representa un paso fundamental para fortalecer su protección legal. El decreto se enmarca en una serie de reformas que buscan garantizar la igualdad de derechos y la inclusión de diversas identidades en el país, promoviendo una política de respeto hacia las personas que requieren que su identidad de género sea reconocida formalmente.
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Eliminar barreras administrativas
El aspecto más destacable del proyecto es la eliminación de requisitos adicionales, pues solo será necesaria una declaración personal del solicitante sobre su identidad de género. Esta simplificación responde a la necesidad de reducir barreras administrativas que tradicionalmente han dificultado el acceso a la modificación del registro civil, permitiendo un proceso más accesible y respetuoso de los derechos humanos. Además, esta medida responde a una realidad en la que muchas personas, especialmente quienes pertenecen a comunidades vulnerables, enfrentan obstáculos financieros y sociales que les impiden cumplir con requisitos engorrosos. Al reducir estas limitaciones, el decreto promueve un acceso más equitativo a derechos fundamentales y responde a las demandas de la sociedad por un trato justo y respetuoso.
El proyecto también tiene implicaciones relevantes para los menores de edad, al permitirles presentar la solicitud de cambio de sexo-género en el registro civil sin la necesidad de contar con un representante legal. Esta disposición subraya el compromiso del Ministerio de Justicia de proteger los derechos de los jóvenes en temas de identidad de género, brindando una vía para que puedan ser reconocidos en su realidad y ejercer su autonomía de manera progresiva. Este enfoque, que se centra en la autodeterminación de los menores, también refleja una creciente comprensión de la importancia de validar las experiencias de las personas jóvenes y brindarles el apoyo necesario en temas tan sensibles como la identidad de género.
Además de los cambios en el procedimiento, el proyecto responde a la Sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenó al Gobierno modificar el registro civil para incluir una tercera categoría: “no binario”. Esta inclusión es un avance relevante para las personas no binarias, quienes por primera vez tendrán una opción en el registro civil que refleja fielmente su identidad, sin tener que conformarse con las categorías tradicionales de hombre o mujer. La implementación de esta categoría en el registro civil es un reconocimiento de la diversidad de identidades de género en el país y marca un hito en la política de inclusión y respeto a las diferentes realidades de género.
¿Cuál es el proceso?
El proceso de modificación del registro civil bajo el nuevo decreto incluiría varios pasos. Inicialmente, el solicitante deberá presentar la solicitud ante un notario, quien tendrá un plazo de cinco días hábiles para expedir la escritura pública que certifica el cambio de género. El interesado deberá llevar una copia de esta escritura a la oficina de registro civil correspondiente para que se realice la actualización en su registro de nacimiento. Además, el proyecto establece que el registro civil de nacimiento será modificado para reflejar la categoría de género elegida, sea esta femenina, masculina o no binaria. Este procedimiento garantiza que la información del registro civil sea coherente con la identidad de género del solicitante.
Finalmente, como una medida adicional de apoyo, el proyecto contempla la entrega gratuita de una copia del registro civil actualizado una vez realizada la corrección. Esta disposición responde a la necesidad de eliminar barreras financieras que podrían impedir a muchas personas acceder a un reconocimiento legal de su identidad de género. El proyecto del Ministerio de Justicia, en su conjunto, representa un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa, en la que todas las personas tengan el derecho a ser reconocidas de acuerdo con su identidad y se eliminen los obstáculos legales y económicos en el camino hacia el respeto de los derechos fundamentales.
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