La Sala Disciplinaria de Juzgamiento concluyó que Leyva actuó sin fundamento legal al declarar desierta la licitación de 600.000 millones de pesos en septiembre del año pasado, decisión que, según el ente de control, vulneró los principios de transparencia y responsabilidad.
El fallo de la Procuraduría establece que Leyva, al descartar a la única empresa oferente, vulneró el principio de competencia leal y generó un impacto negativo en el proceso de emisión de pasaportes, un servicio considerado esencial para miles de ciudadanos.
El exfuncionario, quien fue suspendido de manera provisional a inicios de este año, justificó su decisión alegando que el proceso licitatorio estaba dirigido a favorecer a Thomas Greg, compañía que había mantenido el contrato durante 17 años.
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Leyva insistió en que su intención era proteger los recursos estatales. Sin embargo, la Procuraduría determinó que la actuación del excanciller constituyó una falta gravísima a título de dolo, afectando los principios de transparencia, economía y responsabilidad en los procesos de contratación estatal.
Por otro lado, la Procuraduría absolvió al exfuncionario en relación con la declaración de urgencia manifiesta, que permitió contratar directamente tras la fallida licitación. Este fallo podrá ser apelado ante el despacho de la Procuradora General de la Nación.
“NO SORPRENDE LA DECISIÓN” DEFENSA DE LEYVA
Tras conocer el fallo, el abogado de Leyva, Yefferson Dueñas, expresó que la decisión de la Procuraduría “no sorprende” debido al enfoque que el órgano de control ha mantenido durante el proceso.
Dueñas, en declaraciones a medios de comunicación, afirmó que desde un inicio la Procuraduría “parecía determinada a sancionar” al exministro, al punto de desestimar pruebas aportadas por la defensa y argumentos que, según él, demuestran que Leyva actuó dentro de sus facultades para salvaguardar los recursos públicos.
Dueñas destacó que el exministro Leyva seguirá defendiendo su gestión en otras instancias y anunció que interpondrán un recurso de apelación ante el despacho de la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco.
Según Dueñas, “la decisión de inhabilitarlo por diez años es desproporcionada y carece de fundamento fáctico y legal”, pues Leyva, en su criterio, tomó una decisión en función de proteger la transparencia del proceso y evitar la concentración de contratos estatales en una única compañía.
El abogado subrayó que una licitación de 600.000 millones de pesos, como el caso de los pasaportes, debe seguir criterios rigurosos de competencia y probidad, algo que Leyva buscaba garantizar al cuestionar el carácter único de la oferta presentada.
Redacción Colprensa.
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