Aunque hubo una disminución frente al número de asesinatos de líderes sociales registrado en 2022, este año no dejó de ser letal para las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo documentó 163 homicidios de líderes y lideresas entre enero y noviembre de 2023.
La entidad de derechos humanos subraya que los homicidios ocurren en zonas en las que delinquen los grupos armados ilegales que, a su vez, han sido nombrados en distintas alertas tempranas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’ o por ‘Iván Márquez’, el Clan del Golfo y las bandas locales.
Precisamente, el Sistema de Alertas Tempranas fue el encargado de documentar los hechos. Una de las conclusiones más relevantes es que ocho departamentos del país concentran el 66% de los asesinatos, siendo Cauca el primero en la lista, con treinta casos, seguido de Antioquia, con dieciocho; Nariño, con dieciséis, y Valle del Cauca, con catorce.
Córdoba contó con diez asesinatos de personas defensoras de derechos entre enero y noviembre, mientras que Bolívar, Norte de Santander y Putumayo, cada uno, tuvo que llorar a siete líderes en el año. Arauca tuvo seis casos, Cesar y Huila tuvieron cinco, y al menos otros cuatro departamentos completaron, en conjunto, dieciséis episodios.
- Puede ver: Pánico en Suba tras grave incendio en bodega
El sector más afectado es el comunitario, dado que 69 líderes comunales y comunitarios fueron ultimados. Para el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, ese aspecto es crítico, debido a que ese tipo de liderazgos “se concentra en buscarles soluciones a los problemas básicos de las comunidades”.
Además, las balas han acabado con la vida de 32 líderes indígenas, once líderes campesinos, ocho afrodescendientes, siete activistas, seis impulsores de los derechos de la comunidad LGBTIQ, seis líderes de víctimas, cinco servidores públicos, cuatro liderazgos sindicales, tres ambientales y una lideresa por las mujeres.
“Como tema prioritario a abordar en la agenda de las mesas de negociaciones de paz que adelanta con grupos armados ilegales, el Gobierno Nacional debe exigir un punto fundamental de vida: el cese de los crímenes que destruyen la democracia en los territorios”, aseveró Camargo Assis.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el 2016 y el 2022 asesinaron 113 líderes y lideresas sociales en el país. En 2016 se contabilizaron 133; en 2017 hubo 133; en 2018 la cifra fue de 178; en 2019 se documentaron 134; en 2020, 182; en 2021, 145, y en 2022, el año con el mayor número de homicidios de líderes desde el Acuerdo de Paz, hubo 215.
Este año, abril fue el mes más letal para las y los líderes, pues diecinueve de ellos murieron como víctimas de homicidios. En junio y julio se presentaron dieciocho asesinatos, mientras que en marzo hubo diecisiete. Febrero y octubre, los meses con menos muertes de líderes, tuvieron, cada uno, nueve hechos.
La crisis de los liderazgos sociales fue tenida en cuenta incluso por la Corte Constitucional. Recientemente, el órgano judicial declaró que existe un estado de cosas inconstitucional por la amplia vulneración de los derechos fundamentales a la que está expuesta la población que ejerce el derecho a defender derechos.
“Es angustiante lo que a diario viven quienes tienen como causa la defensa de los derechos de las personas. Arriesgan todo el tiempo sus vidas por servir a las comunidades”, apuntó el defensor Camargo, quien resaltó que el fin de los grupos ilegales es el control social y territorial en zonas apartadas del país.
Redacción Colprensa
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
