Aunque el acceso al derecho a morir dignamente se ha concentrado en las principales ciudades del país, Colombia sigue siendo un referente en América Latina al ser el primer país en legalizar tanto la eutanasia activa como el suicidio asistido.
En Colombia, la eutanasia es un procedimiento médico-legal que permite a las personas con enfermedades graves e incurables poner fin a su vida de manera digna. A continuación te presentamos cinco claves esenciales para comprender como se realiza este procedimiento en el país:
El contexto legal de la eutanasia en Colombia
La eutanasia fue despenalizada en Colombia en 1997 gracias a la Corte Constitucional, que reconoció la muerte digna como un derecho fundamental autónomo. Desde entonces, se ha permitido que personas con enfermedades incurables y en fase terminal puedan solicitar este procedimiento para poner fin a su sufrimiento. En 2014, la Corte ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social crear una ruta para la regulación de la eutanasia, y en 2022, también se despenalizó el suicidio asistido para personas con enfermedades graves o incurables.
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Requisitos para solicitar la eutanasia
Para solicitar la eutanasia en Colombia, es necesario que el paciente manifieste un consentimiento libre, inequívoco e informado. El solicitante debe tener una enfermedad grave o incurable que le cause sufrimientos físicos o psíquicos insoportables.
Aunque inicialmente se exigía que la enfermedad fuera terminal, la Sentencia C-233 de 2021 eliminó este requisito, permitiendo que personas con condiciones no terminales también accedan al procedimiento.
Q’HUBO consultó a Johana Giraldo, directora de la Clínica jurídica de derechos a la salud y a la muerte digna de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien explicó estas condiciones a fondo, tomando como ejemplo el caso de Javier Acosta, el joven que solicitó este procedimiento debido a una bacteria que le desencadenó un cáncer en la sangre.
“El paciente cumple con las 3 condiciones, pues presenta una enfermedad grave e incurable. Él lleva 9 años, si no estoy mal, en silla de ruedas. Esa condición lo predispone a todo lo demás que le ha pasado, a que tenga infecciones en la piel, los huesos y la sangre. En segundo lugar, presenta sufrimiento por el dolor que le causa la enfermedad, pero aun así tiene la capacidad de tomar decisión, que seguramente fue un parámetro que los psicólogos evaluaron”, afirmó.
El proceso de solicitud y autorización
Una vez que un paciente expresa su deseo de someterse a la eutanasia, un médico debe informar a la institución o aseguradora correspondiente. Esto activa al Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente, compuesto por tres especialistas: uno en la enfermedad del paciente, otro en psiquiatría o psicología clínica, y un abogado. Este comité analiza la solicitud y emite una decisión. Si se autoriza el procedimiento, el paciente puede elegir la fecha y hora para su ejecución.
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Diferencia entre eutanasia y suicidio asistido
En la eutanasia, es el médico quien toma un rol activo en el proceso. El procedimiento implica que el profesional administre directamente los fármacos que inducen la muerte del paciente. Esto se hace bajo el protocolo médico específico, con la supervisión y autorización de un Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente, garantizando que todas las normativas legales y éticas sean respetadas.
Por otro lado, en el suicidio asistido, la responsabilidad recae principalmente en el paciente. Aquí, el rol del médico es proveer los medios, generalmente una prescripción de medicamentos letales, pero es el propio paciente quien ingiere o administra la dosis que le provocará la muerte. El médico supervisa el proceso, asegurándose de que el paciente haya sido plenamente informado y que la decisión se haya tomado de manera voluntaria.
El derecho a la objeción de conciencia y la regulación médica
En Colombia, la objeción de conciencia es un derecho constitucional, por lo que los médicos pueden negarse a realizar la eutanasia por convicciones personales. Sin embargo, esto no debe impedir que se garantice el derecho del paciente a morir dignamente. Las instituciones de salud no pueden alegar objeción de conciencia institucional, y el Sistema de Salud está obligado a garantizar que los procedimientos de eutanasia se realicen conforme a las normativas vigentes, reportando cada fase del proceso.
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