La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado formalmente a seis antiguos miembros del secretariado de las FARC, incluidos líderes como Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”, y Pablo Catatumbo, por delitos de reclutamiento forzado y abuso sexual de menores en el conflicto armado colombiano. Entre 1971 y 2016, estos excomandantes participaron en la ejecución de más de 18,600 casos de reclutamiento infantil, lo que representa una de las imputaciones más significativas desde la creación de la JEP en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016.
- Le puede interesar: ¿Qué tiene que ver el papá de Iván Duque con la avalancha de Armero?
Reclutamiento forzado, torturas y violencia sexual
La JEP ha identificado cinco patrones de violencia sistemática ejercidos contra menores en las filas de las FARC, entre ellos el reclutamiento forzado, malos tratos y tortura, homicidios, y violencia sexual y reproductiva. Según la investigación, muchos de estos menores fueron sometidos a largos entrenamientos y tareas peligrosas, equivalentes a las asignadas a adultos, sin importar su edad o vulnerabilidad. Esta política de disciplina severa fue implementada para mantener control total sobre la vida en las filas de la guerrilla, anulando la autonomía de los niños y niñas y sometiéndolos a una jerarquía de mando que los privaba de la posibilidad de tomar decisiones sobre sus vidas.
La investigación, basada en 77 informes de organizaciones de víctimas y estatales, evidencia cómo estas prácticas sistemáticas afectaron a un número significativo de menores, muchos de los cuales sufrieron traumas físicos y psicológicos irreparables. La JEP destaca que el 24% de las víctimas de reclutamiento reportaron haber experimentado violencia de género, con una gran mayoría siendo mujeres. La violencia sexual fue parte integral de la estructura de control y dominación dentro de la organización guerrillera, empleada como un mecanismo de coacción para mantener el orden y la disciplina interna, lo que derivó en graves consecuencias para la salud mental y física de los menores.
- Lea también: Policía Nacional crea el Primer Congreso Internacional para proteger el derecho de las manifestaciones pacíficas
Además, la JEP ha reconocido a varios grupos étnicos, como los pueblos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, quienes fueron víctimas de estas políticas y suman alrededor de 8,900 personas afectadas. Las condiciones de pobreza y ausencia estatal en áreas rurales facilitaron el reclutamiento de menores, una práctica que la JEP describe como sistemática y no ocasional, evidenciando la magnitud de estos crímenes y el impacto profundo en las comunidades indígenas que aún sufren las secuelas del conflicto.
Los exlíderes de las FARC han respondido ante la JEP, cumpliendo con el proceso judicial del acuerdo de paz, y enfrentan la posibilidad de recibir sanciones restaurativas, si demuestran compromiso con las víctimas y aportan verdad. Este proceso marca un paso crucial en el reconocimiento de las responsabilidades dentro del conflicto armado colombiano y sienta un precedente para abordar los derechos de las víctimas, especialmente los menores afectados por el conflicto, quienes fueron privados de su niñez y obligados a participar en la guerra.
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
