El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de sus aportes a la justicia transicional.
La Justicia Especial determinó que los aportes de Mancuso fueron novedosos y pertinentes para probar su rol como “bisagra o punto de conexión” entre el paramilitarismo y la Fuerza Pública. Por ello, la Sala de Reconocimiento será la encargada de profundizar en su verdad.
De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, lo que Mancuso contó en su audiencia de cuatro días en mayo, lo que dijo en varias diligencias reservadas y lo que entregó como documentos logra explicar cómo fue la alianza entre el Estado, las Convivir y el grupo paramilitar de los hermanos Castaño.
Además, lo aportado tiene potencial de seguirse fortaleciendo, y por ello la Jurisdicción Especial debe asumir la tarea de profundizar lo dicho por el exjefe paramilitar. Las víctimas, el Ministerio Público y la magistratura observarán su actitud y definirán qué sigue, por ejemplo, en cuanto a las sanciones que se le podría imponer.
Mancuso, preso en Estados Unidos desde 2008 por narcotráfico, había intentado entrar a la JEP, pero el sistema transicional le cerró sus puertas en 2020. La Sala de Reconocimiento, en su momento, había dicho que solo había fue miembro del paramilitarismo, algo que se escapa de su competencia.
No obstante, tras varios recursos judiciales, la Sala de Definición definió que podía escuchar al exparamilitar para comprender si fue materialmente parte de la Fuerza Pública. Es decir, si fue más que un “miembro orgánico de la estructura criminal”.
Mancuso, a su turno, contó lo que recuerda sobre cuatro temas fundamentales: las Convivir, las operaciones entre paramilitares y la Fuerza Pública, las alianzas con civiles y la filtración de información por parte del DAS para perfilar a objetivos militares.
La JEP, finalmente, determinó que sus aportes son suficientes para admitirlo y para apoyar en la construcción de los macrocasos 03 (‘falsos positivos’), 04 (situación del Urabá) y 08 (crímenes cometidos por la Fuerza Pública en alianza con los paramilitares), aunque la Sala de Reconocimiento tendrá la última palabra.
Además, ordenó realizar una mesa técnica con las salas de Justicia y Paz que llevan procesos en contra de Mancuso, para definir qué asuntos les corresponde responder a ellos, como jueces del paramilitarismo, y a la JEP, como competente para los sujetos materialmente incorporados a la Fuerza Pública.
En ese sentido, la libertad de Mancuso al regresar a Colombia sigue en veremos. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, desde una orden de la Corte Constitucional, es la encargada de definir esa materia y deberá rendirle cuentas a la JEP al respecto.
Redacción Colprensa.
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