La Fiscalía impuso medidas cautelares a 23 bienes que pertenecerían a redes dedicadas a la falsificación de libros en Bogotá.
Se trata de 16 inmuebles urbanos y 7 establecimientos de comercio ubicados en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal.
En estas propiedades, avaluadas en más de 27.911 millones de pesos, estaban destinadas a la elaboración, almacenamiento y venta de diferentes obras literarias y títulos, entre otras actividades ilícitas relacionadas con la usurpación del derecho de propiedad industrial y violación de los derechos patrimoniales de autor.
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En el procedimiento de extinción de dominio de estos bienes se incautaron libros falsos, impresoras, carátulas, discos duros y torres de cómputo, entre otros elementos utilizados para realizar réplicas no autorizadas.
Capturan a cinco pillos que extorsionaban con falsas encomiendas
En el marco del desarrollo de la estrategia 360 que adelanta la Policía en diferentes sectores de la capital, se logró la captura de cinco delincuentes que se dedicaba a estafar a las personas.
Estos sujetos contactaban a sus víctimas haciéndose pasar por familiares o personas cercanas en el exterior y con la falsa idea de recibir un paquete obtenían sus datos personales.
Una vez con la información, los sujetos llamaban a las personas haciéndose pasar por personal de aduanas o miembros de diferentes aerolíneas para exigir grandes sumas de dinero a cambio de la entrega de la mercancía.
Los delincuentes fueron capturados gracias a operativos desarrollados en las localidades de Usme, Suba y Ciudad Bolívar; y en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Además de eso, se pudo determinar que, en al menos 14 casos generaron una afectación al patrimonio económico de sus víctimas, en aproximadamente 54 millones de pesos semestrales por cada uno. Ya que en un solo evento recaudaron más 20 millones de pesos.
Los capturados presentan anotaciones por extorsión, hurto, estafa, lesiones personales y falsedad ideológica en documento público, y deberán responder por los delitos de extorsión agravada.
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