La reunión sostenida este lunes luego del informe de la Contraloría General de la República sobre las billonarias pérdidas en varias EPS del país arrojó su primer resultado: la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar.
Para desarrollar la investigación y definir si debe avanzar un proceso penal propiamente, el ente investigador conformará un equipo especial con fiscales, expertos y peritos de las delegadas para las Finanzas Criminales, Criminalidad Organizada y Seguridad Territorial.
El organismo se basará en los avances de una indagación adelantada por la Contraloría, que estableció que entre 2020 y 2021 al menos 18 EPS, entre las 26 que tenía el país, desviaron cerca de $9 billones del dinero que el Estado giraba.
Las irregularidades representan casi un 11% de la plata que el Estado, a través de la Adres, transfirió a las entidades por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que se entrega por cada persona afiliada en el sistema de salud.
El órgano de control encontró que ese dinero, que solo puede usarse en temas de salud de las personas afiliadas, como medicamentos o tratamientos, fue utilizado en el pago de multas, intereses moratorios o pagos fuera de las obligaciones contractuales.
Las conclusiones llevaron a una reunión que se adelantó con el contralor interino, Carlos Zuluaga; la procuradora general, Margarita Cabello; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Los entes acordaron trabajar articuladamente. En el caso de la Fiscalía, la idea es definir las rutas que tuvieron los dineros. La Defensoría, por su parte, se reunirá con asociaciones de usuarios, como de la recién intervenida Sanitas este mismo 8 de abril.
La semana pasada, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, llamó la atención frente a los escasos resultados que hasta ahora la Fiscalía había encontrado en materia de desvíos de dineros de la UPC.
De acuerdo con lo expresado por Reyes en una sesión técnica, la Corte ha encontrado cifras “bajas” y “raquíticas” de parte de la Fiscalía, pues no hay ni una persona imputada.
“No hay un solo proceso que esté siquiera en etapa de imputación. Todos están en estado inactivo o en indagación, es decir, no hay una sola persona sometida a un proceso. A mí me asombra”, manifestó el presidente de la Corte, quien cuestionó “qué pasa con las compulsas de copias” de la Contraloría General y las Contralorías delegadas.
El contralor Zuluaga aseguró que su despacho ha emitido fallos de responsabilidad por cuantías de cerca de $3 billones en contra de varias EPS, “que han tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud”.
“Sin embargo, es cierto que se debe trabajar en conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría”, reconoció el Contralor.
Asimismo, apuntó que la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, ya le pidió información sobre las compulsas de copias y los hallazgos con incidencia penal que la Contraloría haya encontrado en el sector salud.
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El magistrado Reyes aseveró que la corrupción “seguirá siendo uno de los asuntos más claros por los cuales la salud no funciona”.
Por eso, llamó a los entes de control, incluyendo a la Superintendencia de Salud, a examinar “qué clase de agendas tienen” en materia de persecución a la corrupción en la salud. “O entonces, ¿pa’ qué son los dientes, pa’ qué son las uñas, pa’ qué es el poder punitivo?”, insistió.
Redacción Colprensa
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