La grave crisis climática que enfrenta Colombia ha llevado al Gobierno Nacional a declarar una emergencia por desastre natural, con la asignación de $1,7 billones de pesos en su primera fase de atención. Esta temporada de lluvias ha afectado especialmente a los departamentos de Chocó, La Guajira y Santander, así como a Bogotá, donde las intensas precipitaciones han causado estragos en la infraestructura urbana, con caídas de árboles, inundaciones y daños en las redes de servicios públicos.
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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carillo, informó que este presupuesto inicial se destinará a labores de rescate, evacuación y apoyo a las familias damnificadas, además de la reparación de infraestructuras claves para mitigar los efectos de la emergencia y restablecer los servicios básicos en las zonas más afectadas.
¿Cuáles son los lugares más afectados por la emergencia climática?
En Bogotá, las lluvias han comprometido significativamente la movilidad, con vías bloqueadas y áreas inundadas en barrios de localidades como Suba, Engativá, Chapinero, Teusaquillo y Fontibón. Estos sectores han sido severamente impactados por la acumulación de agua, provocando dificultades de acceso y desplazamiento para miles de ciudadanos. Asimismo, varias zonas se han quedado sin luz y agua, lo que agrava la situación y afecta la calidad de vida de los habitantes. El Puesto de Mando Unificado (PMU), que coordina los esfuerzos desde el norte de la ciudad, se encuentra en monitoreo constante para identificar y mitigar nuevos eventos derivados de la emergencia climática.
El departamento del Chocó ha sido uno de los más afectados, con 27 de sus 31 municipios en emergencia debido a las inundaciones y deslizamientos que han devastado áreas fluviales y costeras. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha descrito esta crisis como la más severa en la historia reciente del departamento, con cultivos destruidos y fuentes de alimentación comprometidas, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de las comunidades locales. Además de los daños materiales, esta situación ha afectado gravemente el sustento de muchas familias que dependen de estos recursos. Las autoridades locales han pedido asistencia urgente para atender las necesidades inmediatas de la población y comenzar a reconstruir las zonas afectadas por la inundación.
En respuesta a la crisis, el Gobierno ha implementado un plan de emergencia que incluye la distribución de kits de asistencia, subsidios de arrendamiento y la rehabilitación de vías y sistemas de abastecimiento de agua, con la colaboración de diferentes instituciones como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Para financiar estos esfuerzos, los recursos provendrán de diversas carteras gubernamentales, lo que implicará recortes en sectores que serán determinados por el Ministerio de Hacienda. La declaración de desastre nacional permite al Gobierno reasignar estos fondos de manera ágil, con el objetivo de ofrecer ayuda inmediata y coordinar acciones efectivas para enfrentar los daños causados por esta emergencia climática.
Las autoridades han emitido alertas preventivas en diversas zonas, ya que se espera que la temporada de lluvias se prolongue, incrementando el riesgo de desastres naturales como inundaciones y deslizamientos en distintas regiones del país. Esta situación ha resaltado la necesidad de mejorar la infraestructura y fortalecer los planes de gestión de riesgos, especialmente en áreas vulnerables.
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