El Ministerio de Educación de Colombia ha anunciado un incremento en las matrículas de colegios privados para el año escolar 2025, establecido mediante la Resolución 16763 de 2024.
Este aumento oscilará entre el 6,28 % y el 9,27 %, dependiendo de diversos criterios que evaluarán la calidad y situación financiera de cada institución. La medida busca regular los costos educativos y garantizar un acceso equitativo a la educación en el país.
El incremento en las matrículas se basará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE, que se ubicó en 6,12 % en agosto de 2024. A partir de esta cifra, los colegios podrán añadir puntos porcentuales adicionales según su régimen de autoevaluación institucional y el índice de permanencia de los estudiantes. Esta evaluación se basa en datos del Sistema de Información de Matrícula (SIMAT) de 2022 y 2023, donde los colegios con mejores índices podrán aplicar incrementos más altos.
Además, se han establecido criterios adicionales que permitirán a las instituciones obtener más puntos de aumento. Por ejemplo, aquellos que implementen estrategias de educación inclusiva podrán sumar un 0,25 % adicional. Asimismo, los colegios que cumplan con el pago adecuado de salarios a sus educadores, conforme al escalafón docente, podrán incrementar sus tarifas en un 1,6 % adicional.
Con esta resolución, el rango de incremento varía considerablemente. Un colegio en régimen controlado, con un bajo índice de permanencia y sin los puntos adicionales, experimentará un incremento del 6,28 %. En contraste, una institución que cumpla con todos los requisitos de calidad, implemente una educación inclusiva y pague salarios adecuados a sus docentes, podría llegar a un aumento máximo del 9,27 % en sus tarifas.
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Finalmente, el Ministerio de Educación también ha enfatizado que las instituciones no podrán imponer restricciones al momento de solicitar materiales educativos, como la obligación de adquirir útiles de marcas específicas. Las listas de útiles deben ser publicadas con suficiente antelación, asegurando así un proceso más transparente para las familias. Las entidades territoriales serán responsables de formalizar estos aumentos, mientras que los colegios tendrán la libertad de otorgar descuentos a las familias según su autonomía institucional.
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