Los habitantes de Cáqueza, un municipio ubicado en el oriente de Cundinamarca, tomaron las calles para manifestar su inconformidad con el reciente incremento en las tarifas de agua y alcantarillado, que alcanzan hasta el 600%. Este aumento, implementado por la empresa Prolatan y autorizado por la Superintendencia de Servicios Públicos, ha generado gran preocupación y malestar entre la comunidad, que considera la medida desproporcionada e injusta, especialmente para las familias más vulnerables.
A pesar de que el incremento no ha sido generalizado, diversos residentes han reportado aumentos de entre el 300% y el 500% en sus facturas, lo que ha generado confusión y cuestionamientos sobre la disparidad de los ajustes. Algunos líderes comunitarios denuncian que, mientras un pequeño grupo de usuarios recibió descuentos en sus recibos, la mayoría ha experimentado incrementos considerables, lo que consideran una discriminación y una violación al principio de equidad en la aplicación de tarifas.
Habitantes de Cáqueza protestas por los cobros
Los habitantes de Cáqueza argumentan que el incremento atenta contra sus derechos, amparándose en el artículo 13 de la Constitución, que protege el derecho a la igualdad y la no discriminación. Aseguran que este ajuste pone en riesgo la economía de muchas familias, ya afectadas por la difícil situación económica del país.
“Queremos agua de calidad y tarifas justas”, declaró el vocero comunitario. “No estamos dispuestos a pagar por un servicio deficiente ni por un aumento desmedido en nuestras tarifas. Estamos dispuestos a cumplir, siempre que se reviertan las tarifas a los valores anteriores o que la Superintendencia confirme el fallo en nuestra apelación”, afirmaron los residentes.
Ante la gravedad de la situación, la comunidad ha organizado protestas pacíficas para exigir la revisión de las tarifas. Además, se han tomado medidas legales: en el barrio El Palmar, un grupo de residentes interpuso una acción de tutela, la cual fue fallada a su favor, brindándoles opciones para defender sus derechos. A través de un vocal de control, los habitantes han decidido no pagar las facturas hasta que la Superintendencia de Servicios Públicos resuelva el recurso de apelación interpuesto.
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La comunidad de Cáqueza también evalúa la posibilidad de solicitar la nulidad del contrato con Prolatan, argumentando posibles irregularidades en su ejecución. Con estas acciones, los habitantes del municipio hacen un llamado urgente a la Superintendencia de Servicios Públicos y a las autoridades locales para que intervengan y garanticen la prestación de un servicio justo y de calidad para todos los caqueceños.
Redacción Q’HUBO Bogotá + Colaboración IA
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