La jueza 44 de conocimiento de Bogotá decidió este miércoles aceptar como prueba en el juicio al expresidente Álvaro Uribe las interceptaciones telefónicas entre el exmandatario y el entonces representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de la investigación por presunta presión a testigos.
Esta determinación se tomó a pesar de las objeciones planteadas por la defensa de Uribe y el delegado del Ministerio Público.
Durante la sesión, la jueza señaló que las interceptaciones son un “hallazgo imprevisto o casual” surgido en el contexto de la indagación por el escándalo del “cartel de la toga”.
Al respecto, citó fallos previos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que habían rechazado la exclusión de dichas evidencias, así como pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con la tutela interpuesta por el abogado del expresidente.
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La jueza también indicó que en la etapa de juicio se determinará si estas interceptaciones fueron recolectadas de forma ilegal, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la fiscal Marlene Orjuela ante la Corte Suprema.
Además, se abordará la solicitud de exclusión de las grabaciones entre Uribe y el abogado Diego Cadena Ramírez, quien, según el escrito de acusación de la Fiscalía General, presuntamente presionó a ex paramilitares para que se retractaran de sus acusaciones.
Tanto la defensa como el Ministerio Público argumentaron que las interceptaciones vulneraron derechos fundamentales del expresidente, en especial el “secreto profesional” entre abogado y cliente, protegido por la Constitución. Al citar las transcripciones de las conversaciones entre Uribe y Cadena, se alegó una violación del derecho a la intimidad del exmandatario.
En el juicio contra Álvaro Uribe Vélez se utilizarán interceptaciones telefónicas del exmandatario.
Uribe, por su parte, sostuvo que nunca ordenó a Cadena ejercer presiones sobre los testigos, afirmando que únicamente le pidió corroborar la existencia de ciertas versiones que le habían llegado.
Estos testimonios provenían de ex paramilitares que habían afirmado que Uribe promovió la creación de grupos de autodefensa en Yarumal (Antioquia), en los años 90, y que ahora se retractaban de sus declaraciones, alegando presiones por parte del senador Iván Cepeda.
Por otro lado, la fiscal del caso indicó que Diego Cadena no contaba con un contrato o designación formal como abogado del expresidente. A pesar de presentarse como tal, nunca ocupó dicho cargo, aunque llevó a cabo acciones en nombre de Uribe, incluyendo el ofrecimiento de dádivas y beneficios jurídicos a testigos para que cambiaran su versión.
El exmandatario enfrentará un juicio por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
Redacción Colprensa.
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