Esta nueva legislación establece que solo las personas mayores de 18 años podrán contraer matrimonio, eliminando así la disposición previa del Código Civil que permitía el matrimonio desde los 14 años con el consentimiento de los padres. Según el senador Honorio Henríquez, uno de los impulsores de esta ley, la medida representa un “triunfo en beneficio de los menores colombianos” y busca evitar situaciones de abuso, violencia y embarazos adolescentes, protegiendo tanto la salud física como mental de los jóvenes.
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Prohibición del matrimonio infantil: un triunfo histórico en la protección de los menores
La representante Jennifer Pedraza, promotora también de esta iniciativa, señaló que la aprobación de esta ley permitirá que Colombia salga de la lista de países donde aún se permiten las uniones tempranas, una práctica considerada por muchos como una violación a los derechos de la infancia. Pedraza explicó que el matrimonio infantil, en ciertas comunidades, había llegado a fomentar un “mercado” donde los niños se utilizaban como moneda de cambio en transacciones que involucraban recursos, propiedades o incluso ganado. Este cambio en la legislación, además, incluye dentro de las políticas públicas de infancia y adolescencia el objetivo de erradicar la práctica del matrimonio infantil, lo cual representa un avance significativo en la protección de los menores.
Uno de los temas más discutidos durante el debate fue si la prohibición debería aplicarse también en comunidades indígenas, las cuales cuentan con un régimen especial en la Constitución Política de Colombia, debido a sus costumbres y tradiciones ancestrales. No obstante, la senadora Clara López, ponente de la ley, afirmó que no se harán excepciones, y que la prohibición de los matrimonios infantiles regirá para todo el territorio nacional. López aclaró que la política pública deberá aplicarse con un enfoque diferencial para respetar las transiciones culturales, aunque sin dejar de lado la protección de los derechos de la infancia en todas las comunidades, urbanas o rurales, incluidas las indígenas.
La aprobación de esta ley marca un cambio importante en la legislación colombiana, ya que este proyecto había sido rechazado en ocho ocasiones anteriores. Con el visto bueno del Senado, el proyecto de ley solo necesita ahora la conciliación entre las cámaras legislativas y la sanción presidencial para convertirse en una ley definitiva. Esta nueva medida se enmarca dentro de los esfuerzos de Colombia para mejorar la protección de los menores de edad y alinear sus políticas con estándares internacionales de derechos humanos, un paso que muchos consideran crucial en el avance hacia la igualdad y la justicia social.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han celebrado la aprobación de esta ley, viendo en ella una herramienta esencial para prevenir el abuso y la violencia a los que muchos menores están expuestos en contextos de matrimonio infantil. Se espera que esta nueva legislación no solo proteja a los niños y adolescentes de situaciones de riesgo, sino que también contribuya a reducir la desigualdad y a fomentar una sociedad más justa y segura para la juventud del país.
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