La Fiscalía imputó cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por la pérdida de más de 200.000 millones de pesos que, al parecer, fueron desviados en contratos irregulares. Los procesados no aceptaron cargos.
Luego de varios meses de especulaciones sobre lo que sucedió con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellos la compra de 40 carrotanques para La Guajira, la Fiscalía imputó al exdirector de esa entidad Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; y el contratista Luis Eduardo López Rosero como responsables, según el ente investigador, de cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La investigación de la Fiscalía confirmó que tanto ministros, exministros, funcionarios del Gobierno y particulares, habrían tenido algo que ver con este escándalo de corrupción. Concretamente, lo que encontró el ente investigador es que Olmedo López y Sneyder Pinilla, entre otros funcionarios tanto de la UNGRD como de otras entidades, además de contratistas, se aprovecharon de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno Nacional, para crear una empresa criminal dedicada a direccionar contratos a cambio de coimas.
La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas cinco: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo SAS.
Además de los nombrados, la Fiscalía puso de presente que de esa supuesta organización criminal también hicieron parte Pedro Andrés Melo, asesor jurídico de la UNGRD, y Luis Carlos Barreto, así como funcionarios de otras entidades estatales, como Cesar Augusto Manrique, director del departamento administrativo de la función pública.
En ese contexto, el ente investigador explicó que encontró irregularidades en 21 contratos relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra, y la suscripción de contratos financiados con recursos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras.
Mencionó a senadores y ministros
Para la Fiscalía cada persona cumplió un rol específico en la organización. Olmedo López, según el ente investigador, tenía pleno conocimiento de todos los contratos que se estaban manejando en la entidad. Por eso, para la Fiscalía, dirigió con Sneyder Pinilla, la operación para que estos fueran entregados a las personas que ellos escogían a cambio de coimas.
En ese contexto, López habría coordinado la entrega de 3.000 millones en efectivo al entonces presidente del senado, Iván Leonidas Name, a través de Sandra Liliana Ortiz, y la entrega de 1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés David Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón Gonzales, director del Dapre.
Además de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y una de sus asesoras “el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar. En los cuales estaban integrados indebidamente los senadores y representes de la comisión tercera de hacienda y crédito público del Congreso. Julio Elías Chagui, Wadith Alberto Manzur, Karen Manrique, Linana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo”.
Acto seguido dijo que Sneyder Pinilla, además de tener participación en los hechos anteriores, simuló la escogencia aleatoria de las empresas a cotizar, cuyos propietarios eran avisados con anterioridad, incluyendo la coima a pagar.
Por su parte, Luis Eduardo López Rosero “contratista y representante legal de Luket SAS, y quien por interpuesta persona dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas cinco: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo SAS, acordó con Olmedo López y Sneyder Pinilla el valor de las coimas a pagar a cambio de la adjudicación de órdenes de proveeduría en cada una de las compañías. Acordó porcentajes económicos a cambio de agilizar órdenes de proveeduría que estaban pendientes por autorizar”.
Carrotanques de la Guajira
Para la Fiscalía, con relación a la adquisición de carrotanques y otros elementos, los involucrados se aliaron para entregarle los contratos de proveeduría, mediante invitación, a las empresas de Luis Eduardo López Rosero a cambio de un 13% de coimas. Todo estaba coordinado, según el ente investigador desde antes, porque los invitaban a cotizar, la cual incluía el monto de la coima que debían pagar y se los entregaban el mismo día, o en los días siguientes. Todos ellos por un valor de $108.000 millones de pesos.
En ese contexto, la Fiscalía explicó que Olmedo López acordó con Sneyder Pinilla disponer de 100.000 millones de pesos de la entidad para esos contratos y entregarlos a sus aliados, con lo que se obtendría dinero”, para cumplir con el compromiso de entregarlo a los congresistas Name y Calle y para su propio beneficio”.
Pero la Fiscalía encontró más irregularidades. Olmedo López y los demás involucrados también habría dirigido contratos que estaban destinados para el suministro de 30 carrotanques para la temporada de Sequía, en el departamento de Córdoba; el control y suministro de carrotanques para la misma temporada de sequía; el suministro de cinco carrotanques en Buenaventura por 1.000 millones de pesos; el suministro de 50 carrotanques en Bolívar por $9.000 millones de pesos, entre otros.
El ente investigador encontró también otros contratos similares. En concreto, gestionó el traslado de 100.000 millones de pesos que la UNGRD tenía con la Agencia Nacional de Yierras y en contraprestación Olmedo permitió que Luis Carlos Barrreto y su jefe político, Cesar Augusto Manrique, direccionarán a empresarios cercanos a la contratación de plantas desalinizadoras, carrotanuqes, posos subterraneos, entre otros, a cambio de coimas.
Aunque todos se encuentran negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, ninguno aceptó cargos. La audiencia de medida de aseguramiento se realizará el próximo 7 de agosto.
Redacción Colprensa
Elija a Q’HUBO Bogotá como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí
