El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto que permitirá a los pueblos indígenas actuar como autoridades ambientales en sus territorios, una demanda que llevaba 33 años en espera. La firma del decreto se produce poco antes de que Cali sea sede de la COP16 sobre biodiversidad, un evento crucial en el que Colombia busca destacar su enfoque de protección del medio ambiente.
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¿En qué consiste este decreto?
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que 115 pueblos indígenas tendrán ahora la capacidad de ejercer estas funciones en concordancia con su conocimiento ancestral, permitiéndoles gestionar sus territorios de acuerdo con sus prácticas tradicionales. Para Muhamad, esta medida es un paso hacia la consolidación de una “paz con la naturaleza”, ya que propicia el diálogo entre el conocimiento científico y el saber tradicional. Según la ministra, esta fusión es clave para enfrentar los retos globales sobre biodiversidad.
Los pueblos indígenas podrán, entre otras funciones, establecer regulaciones para la conservación de los ecosistemas y administrar los recursos naturales dentro de sus territorios. Aunque la medida ha sido aplaudida por muchos sectores, algunas organizaciones campesinas han expresado preocupación por la falta de claridad en los límites territoriales y temen que la implementación del decreto pueda restringir el acceso a recursos esenciales, como el agua. Esta inquietud surge ante la posibilidad de que las nuevas autoridades indígenas limiten el uso de estos bienes compartidos.
Petro afirma que busca reparar una deuda histórica con las comunidades indígenas
Gustavo Petro, en su intervención pública sobre el decreto, destacó que esta decisión representa un reconocimiento de la importancia histórica y cultural de los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente. Según el presidente, las comunidades indígenas han sido marginadas y silenciadas durante siglos, y esta acción busca reparar esa deuda histórica. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Petro afirmó: “Los pueblos que fueron arrodillados a la fuerza hoy los reivindicamos firmando este decreto”.
Este avance legislativo llega en un momento clave, a días de la COP16 que se celebrará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre. Este evento internacional reunirá a líderes de todo el mundo para discutir los desafíos relacionados con la biodiversidad. Los pueblos indígenas, que a menudo participan activamente en estas cumbres, ven esta conferencia como una oportunidad para que se reconozcan sus derechos sobre la gestión ambiental y se fortalezcan sus voces en las decisiones globales.
A pesar de los desafíos que aún persisten, como la definición clara de límites territoriales y la implementación efectiva del decreto, este paso ha sido visto como un avance significativo en la política ambiental del país. Para muchos, la medida refleja un compromiso del gobierno de Gustavo Petro no solo con la biodiversidad, sino también con el respeto a los derechos y conocimientos ancestrales de las comunidades que han sido guardianes de los ecosistemas por generaciones.
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