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La polémica que se desató en el país por el Día Cívico
La improvisada medida fue demandada ante el Consejo de Estado.
Foto: Captura X @CMILANOTICIA
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La improvisada medida fue demandada ante el Consejo de Estado.

El 19 de abril de 2024 quedará en los registros de la historia patria como el día en que el presidente Gustavo Petro hizo el ridículo por improvisar caprichosamente con un día cívico al que nadie le copió.

Excusado en la grave emergencia que afronta el país ante la sequía, habló de la medida y luego sacó un confuso decreto que no fue socializado con nadie y sí levantó sospechas.

Buscará tumbar la medida

Germán Calderón España (foto), abogado constitucionalista, radicó ayer la primera demanda de nulidad ante el Consejo de Estado en contra del día cívico ‘por la Paz con la Naturaleza’. “Ni el Presidente de la República ni sus ministros pueden crear un día festivo de carácter civil o religioso”, aseveró el demandante, con base en normas existentes desde hace más de 30 años.

Zuly Duque, abogada consultora de Centro Jurídico Internacional, explica que “los días cívicos no se pueden expedir vía decreto, ya que estos le corresponden al legislador (Congreso), además un día cívico es distinto a un día festivo, que están regulados por la ley 51 de 1983 y define como festivos aquellos no son hábiles, y en este caso vemos que el decreto pretende ser superior a la ley”.

Duque añade que además de la nulidad presentada por Calderón España se puede radicar un alegato de inconstitucionalidad al haber actuado por fuera de las normas de la Constitución Política, “esto tiene efectos en preguntas como si hay remuneración o no para los trabajadores que acataron este día cívico”, concluye la experta legal.

Carece de tecnicismo

Además de Presidencia, el Decreto 0500 del 18 de abril de 2024 fue firmado por los ministerios del Interior, de Minas, de Ambiente y de Educación, además del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), organos que tampoco pueden saltarse la Ley 51, pero lo más interesante en este caso es que ninguna de estas entidades presentó algún estudio o soporte técnico que sustentara cómo el día cívico iba a aportar de manera significativa a reducir el consumo de agua y luz; pues no se sabe de los casi 1,6 millones de empleados públicos, cuántos efectivamente quedarían cobijados por el decreto. Analistas como el economista Andrés Moreno Jaramillo advierten que una medida tan improvisada puede generar impactos negativos de miles de millones de pesos por interrumpir el normal funcionamiento de cientos de entidades.

¿Otras intenciones?

“Mañana es un día de rebeldía nacional, mañana conjugamos las fuerzas de la vida, ahuyentamos los convocos de la muerte, mañana es el día de la vida en la tierra, mi día y tu día”, así trinó Petro tras anunciar su día cívico. Las palabras fueron interpretadas como una invitación a no participar de la marcha convocada por la oposición para este domingo.

Uno de los influencers contratados por el gobierno, Wally (Walter Rodríguez), acuñó que “Con el día cívico, Petro hace moñona: 1. Ayuda a la reducción en el consumo de agua de Bogotá, priorizando el tema de los embalses. 2. Conmemora el nacimiento del M-19 y su cumpleaños. 3 Sabotea la marcha Uribista. Les tocará hacerla en Mesa de Yeguas. Conclusión: Maravillosa Jugada”, dejando en el aire que precisamente eran otros los intereses del día cívico.

La polémica que se desató en el país por el Día Cívico La improvisada medida fue demandada ante el Consejo de Estado.
Foto: Archivo Colprensa

En efecto, ayer la Plaza de Bolívar de Bogotá fue el escenario de un grupo de personas ondeando la bandera del M-19, guerrilla en la que militó el Presidente.

Acto de resistencia

Debido a que la medida fue adoptada por el Ejecutivo, tras su anuncio varias entidades confirmaron que se acogían a ella, entre estas la Dian, los ministerios, varios funcionarios administrativos de la Policía y el Ejército y Superintendencias, dejando de paso algunos afectados como personas que necesitaban reclamar sus pasaportes y encontraron los despachos de la Cancillería cerrados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue el primero en separarse de la medida argumentando que se afectaría el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes, así como el de padres que de la noche a la mañana tendrían que buscar una solución. Tras esto, en las capitales se registró una rebeldía general, mientras el presidente Petro retuiteó las cartas de alcaldes y gobernadores de otras regiones que sí acogieron al día.

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