Tras un análisis exhaustivo de las pruebas, la Sala Disciplinaria de Instrucción, con ponencia del procurador John Harvey Pinzón, concluyó que Karen Abudinen no incurrió en ninguna violación a las normas de contratación pública.
La Procuraduría General de la Nación archivó definitivamente la investigación disciplinaria contra Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al concluir que no incurrió en irregularidades relacionadas con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados.
Este contrato, cuyo objetivo era llevar internet a más de 15.000 escuelas rurales, se convirtió en un escándalo tras la pérdida de 70.000 millones de pesos, producto de un anticipo entregado bajo pólizas falsas.
El proceso disciplinario se inició en agosto de 2021 a raíz de una denuncia presentada por Henry Antonio Anaya Arango, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, quien solicitó investigar la participación de Abudinen y de otros funcionarios, incluyendo a Adriana Mesa Consuegra, secretaria general del Ministerio TIC, por presuntas irregularidades en el contrato.
Las acusaciones señalaban modificaciones en los términos de la licitación, la eliminación de requisitos financieros y la falta de supervisión en la ejecución del acuerdo.
LA DECISIÓN DE LA PROCURADURÍA
Tras un análisis exhaustivo de las pruebas, la Sala Disciplinaria de Instrucción, con ponencia del procurador John Harvey Pinzón, concluyó que Karen Abudinen no incurrió en ninguna violación a las normas de contratación pública.
Según el fallo, Abudinen no tenía responsabilidad directa en la supervisión del contrato ni en la verificación de las garantías, las cuales se comprobó más tarde que eran falsas.
La Procuraduría destacó que la exministra actuó con diligencia y rapidez tan pronto como fue informada de las irregularidades por la interventoría del proyecto.
El ente de control también argumentó que no se encontró evidencia de que la exministra hubiera tenido conocimiento previo de las irregularidades ni que hubiera actuado con negligencia durante su gestión.
A pesar de las alertas recibidas sobre la posible corrupción en Centros Poblados, Abudinen tomó medidas inmediatas para denunciar el caso ante las autoridades competentes y no se le puede atribuir responsabilidad por la pérdida de los 70.000 millones de pesos.
LA JUSTIFICACIÓN
La Procuraduría fundamentó su decisión en tres puntos principales:
Inexistencia de conducta irregular: No se acreditó que Karen Abudinen hubiera cometido una falta disciplinaria en relación con el contrato de Centros Poblados. Las pruebas aportadas no demostraron una acción u omisión que comprometiera su responsabilidad.
No era responsable de la supervisión del contrato: La exministra no tenía injerencia directa en la vigilancia del contrato, que estaba a cargo de otros funcionarios. La aprobación de las pólizas bancarias falsas que permitieron el desembolso del anticipo de 70.000 millones tampoco fue su responsabilidad.
Actuación diligente: Según la investigación, Abudinen reaccionó de manera oportuna al recibir las alertas sobre las irregularidades en el contrato y procedió a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, cumpliendo con sus deberes como ministra.
IMPLICACIONES DEL CASO CENTROS POBLADOS
El caso de Centros Poblados involucró a varios actores, entre ellos Emilio Tapia, un contratista condenado por corrupción, y Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, quienes enfrentan procesos penales ante la Fiscalía por el desvío de los recursos del contrato.
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A pesar de la gravedad de los hechos, la Procuraduría concluyó que Karen Abudinen no tenía responsabilidad en la aprobación de las garantías falsas ni en la gestión de los fondos anticipados.
La decisión del ente de control generó controversia, ya que el escándalo dejó en evidencia fallos en los procesos de contratación y control dentro del Ministerio TIC.
Sin embargo, la exministra fue absuelta de cualquier cargo disciplinario, cerrando así un capítulo que sacudió al gobierno de Iván Duque y que tuvo repercusiones en la opinión pública y en las instituciones del Estado.
Esta determinación pone fin al proceso disciplinario que durante más de dos años puso en tela de juicio la actuación de Abudinen en uno de los casos de corrupción más sonados en el país.
Redacción Colprensa
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