La Procuraduría General de la Nación abrió este martes una investigación para esclarecer posibles irregularidades en la administración y supervisión de los cementerios distritales de Bogotá.
El proceso involucra a Luz Amanda Camacho Sánchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y a David Alejandro Cedeño Cárdenas, quien ejercía como representante legal del Consorcio San Marcos 2021.
El ente de control busca determinar si durante la ejecución del contrato, firmado con la Unión Temporal Cementerios del Distrito por más de $41 mil millones se presentaron irregularidades relacionadas con fallas en la supervisión y control de la operación, aspectos que eran responsabilidad del Consorcio San Marcos 2021, encargado de la interventoría.
Adicionalmente, la Procuraduría indaga por los posibles problemas que la Unión Temporal Cementerios del Distrito enfrentó durante la ejecución del contrato, los cuales llevaron a sanciones impuestas por la administración distrital.
Según la Segunda Delegada de Contratación, estas situaciones podrían indicar una deficiente labor de seguimiento por parte de la interventoría.
El Ministerio Público también averigua sobre las posibles irregularidades en el contrato de interventoría, que superó los $6 mil millones, en el que una de las integrantes del consorcio habría estado inhabilitada para contratar con el Estado debido a una condena penal en su contra.
Así las cosas, la Procuraduría solicitó a la UAESP información detallada sobre el estado de los contratos, incluyendo los procesos sancionatorios adelantados hasta el momento.
Redacción Colprensa
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