Luego de dos intentos, la Fiscalía logró legalizar la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez, este martes será la imputación por lavado de activos y otros delitos.
El 29 de julio fue capturado Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y su exesposa Daysuris Vásquez. A Nicolás se le busca imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que a Vásquez se sindica por lavado de activos y violación de datos personales.
La investigación inició hace cuatro meses, cuando Daysuris Vásquez públicamente señaló a su expareja de recibir y quedarse con dinero sucio que supuestamente iría a la campaña presidencial.
Lo que empezó como un anunció meses atrás, cuando las Fiscalía dio cuenta de las sospechas contra el hijo del Presidente, sábado se convirtió en un arresto que se robó la atención del país. Ambos fueron arrestados en Barranquilla, trasladados a Bogotá y presentados a un juez que negó en principio la legalización de la detención por la ausencia de uno de los abogados defensores.
Por estos hechos, la Fiscalía recibió un regaño de la jueza de garantías encargada. En su segundo intento, ocurrido el domingo, el ente investigador logró con éxito que declararan legal la captura de la ex pareja. La imputación formal llegará mañana.
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Detrás de cámaras de las capturas
Aunque no se conoce cuál es el relato de la Fiscalía ni cuáles son los medios de prueba que condujeron la investigación, hay varios antecedentes concretos.
En marzo, cuando estalló el escándalo, Nicolás Petro se pronunció a través de un comunicado. En él le pidió a la Fiscalía “adelantar una investigación profunda y eficaz” sobre la noticia, que, según el exdiputado, buscaba “destruirme como persona”.
Las acusaciones de Vásquez contra su exesposo lo relacionan con polémicos personajes que habrían entregado millones para la campaña Petro presidente con el fin de ser incluidos en la Paz Total. Uno de ellos es Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, ‘el Hombre Marlboro’, quien hoy es candidato a la alcaldía de Maicao, La Guajira, departamento en el que participó en contrabando de cigarrillos.
Lopesierra, quien estuvo preso 18 años en Estados Unidos por narcotráfico, fue señalado por Vásquez de haber entregado supuestamente 600 millones de pesos a la campaña que, al parecer, nunca llegaron. El que presuntamente recibió ese dinero fue Máximo Noriega, excandidato a la gobernación del Atlántico y también afectado por el doble arresto.
Noriega anunció que Colombia Humana, uno de los movimientos políticos del Pacto Histórico, la coalición de partidos de izquierda que llevó a Petro a la presidencia, le había dado el aval para ir por la Gobernación. Horas después de la captura de Petro, el aval fue revocado.
Nicolás Petro recusó al fiscal general, Francisco Barbosa, ante la Corte Suprema, mientras que sus abogados, Juan Trujillo y David Peleki, pidieron que se apartaran del caso el fiscal 13 de lavado de activos, el fiscal 1 delegado ante el Tribunal de Bogotá y “cualquier otro delegado subalterno del Fiscal General” que estuviera involucrado en la investigación.
Para los apoderados del primogénito del Presidente, entre el mandatario y el Fiscal existe “pública enemistad, animadversión y miedo”. Además, argumentaron que Barbosa tiene un evidente sesgo que pone en riesgo la imparcialidad de la investigación, dado que tendría poder para interferir.
La Sala Plena de la Corte negó la solicitud el 6 de julio. El auto se hizo público el 17.
“No es procedente cuando se plantea en contra del Fiscal General de la Nación si no tiene a su cargo la respectiva actuación”. La Corte indicó, además, que “no se cumple la carga de argumentación suficiente”, frente al supuesto interés de Barbosa en el caso.
“Los apoderados de Nicolás Petro Burgos no han logrado acreditar que el Fiscal General de la Nación tuviera una intervención directa o indirecta en el marco de la investigación”, concluyó el alto tribunal, para declarar infundada la recusación y argumentar que “no se ha acreditado de manera cierta alguna actuación contraria a los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad”.
Fueron dos intentos de la Fiscalía
El sábado, la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos para Nicolás Petro y Daysuris Vásquez terminó en un llamado de atención para el fiscal Mario Burgos, el investigador encargado de su caso.
Después de las ocho de la noche, comenzó la audiencia en la que una juez de garantías iba a decidir si la captura del hijo del presidente Gustavo Petro fue legal. Además, le iba a preguntar si se acogía a los cargos que la Fiscalía estaba a punto de imputarle.
Sin embargo, la el procedimiento quedó sin piso cuando el abogado principal de Day Vásquez, Ricardo Méndez, se conectó desde un avión y anunció que iba en camino de Barranquilla a Bogotá.
El defensor le pidió a la jueza no adelantar la diligencia porque había comunicado que iba a estar presencialmente, pero en ese momento no lo estaba, sino que llegaba a eso de las 11 de la noche.
La jueza le dijo al fiscal Burgos que le comunicó una “información indebida”, porque en un correo el investigador aseguró que a las 6 de la tarde el equipo jurídico de Vásquez ya estaba llegando a la capital, por lo que ya había radicado la solicitud de la audiencia con toda certeza.
Burgos respondió leyendo ese correo, en el que sus palabras dan cuenta de que contó que abogados de la exesposa de Petro arribarían “al finalizar la tarde”.
Aunque el fiscal intentó rebatir el regaño, la jueza se mantuvo firme y decidió no realizar la audiencia.
El abogado de Nicolás Petro pidió que, por respeto a la dignidad humana de su cliente y de Vásquez, la audiencia no se realizara el sábado, sino el domingo. Momentos después de terminada la corta audiencia, en un comunicado el ente investigador informó que el 31 de julio radicaría la nueva solicitud “a primera hora”, y así lo cumplió.
“Que la audiencia se realice mañana es lo mismo que si usted hubiese radicado su solicitud mañana”, le reclamó la togada de garantías al fiscal. Al final concluyó que, dependiendo de los turnos que tengan los despachos en Paloquemao, puede ser ella la encargada de continuar con la audiencia o, de lo contrario, otro juez conocerá el radicado. La mañana del domingo se conoció que el juez 74 de garantías era el nuevo moderador.
El fiscal Mario Burgos reprochó que no se hubiese aprovechado la virtualidad para adelantar la diligencia, incluso cuando fue la Fiscalía la que detuvo a Petro y Vásquez y decidió llevarlos a la capital del país. Los sindicados estuvieron junto al funcionario en el búnker durante medio día, incluyendo los breves instantes de la audiencia.
El domingo, el abogado de Nicolás, Juan Trujillo, indicó que esa situación representó desigualdad de armas, puesto que los dos detenidos estuvieron en la diligencia al lado de quien los sindicaba de cometer varios delitos.
La audiencia pasó a ser reservada, pues la legalización de allanamientos, por ley, no es pública. Horas después, el Complejo Judicial de Paloquemao anunció que el juez determinó que las capturas y los allanamientos fueron legales, algo que la Fiscalía calificó como un logro. En la misma audiencia se fijó el 1 de agosto como fecha para la imputación.
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Lo que sigue para Petro y Vásquez
La imputación es el escenario en que la Fiscalía comunica los hechos relevantes en derecho que permitieron realizar la investigación. A las 8 de la mañana, el ente acusador tendrá que explicar, entre otros aspectos, cuáles son los elementos recaudados que le sirven de prueba, así como los delitos, que ya se conocen, y las circunstancias que los llevaron a convencerse de que Petro y Vásquez participaron en ellos.
El relato de la Fiscalía será clave para entender quiénes de los salpicados por Vásquez en su momento tienen que ver con el caso concreto, más allá de los señalamientos en medios.
Vásquez, en la audiencia de ayer, hizo un curioso comentario al presentarse: “Quiero hacer la salvedad de que la Fiscalía General de la Nación me ha brindado todas las garantías y ha sido respetuosa de todos mis derechos”, señaló ante el juez 74 de garantías.
La exclamación de la estudiante de Derecho se dio a pesar de haber sido capturada por sorpresa y trasladada a Bogotá para iniciar un proceso penal junto al fiscal y funcionarios del CTI.
Este aspecto, aunque podría ser solo una manifestación espontánea, puede resultar clave en un futuro si se tiene en cuenta que, como lo explicó el abogado de Day Vásquez a Semana, la noticia criminal inicial contra Nicolás Petro llegó a la Fiscalía por ella.
El defensor de Daysuris se sorprendió cuando se realizó la detención, por lo que resulta un giro inesperado en todo el caso que, hasta ese momento, solo involucraba a Nicolás, según lo que se conocía públicamente.
Nicolás Petro ha manifestado su inocencia desde el principio. La posición de Daysuris Vásquez, por su parte, al ser el punto de partida en el proceso, es una incógnita. Pero tiene más posibilidades de acogerse a cargos y buscar un acuerdo con el ente investigador.
La pena por el delito de lavado de activos es de hasta 30 años de prisión. Ambos se enfrentan a ella, más los cálculos que un juez pueda realizar para tasar la cantidad exacta según los demás delitos que se les endilgan y la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, al eventualmente aceptar cargos, la cantidad de tiempo se reduce a la mitad.
La Fiscalía también anunció que pedirá medida de aseguramiento para Petro y Vásquez, por lo que, si el juez la considera bien argumentada, la ex pareja seguirá detenida mientras sigue el proceso penal.
¿Day está obligada a declarar en contra de Nicolás Petro?
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En el derecho colombiano, las personas tienen derecho a guardar silencio y no declarar contra cónyuges o familiares. Hasta el momento, no existe un antecedente claro de si ese principio se extiende a las exparejas.
El penalista Santiago Trespalacios le explicó que “no hay una interpretación jurídica autorizada por un organismo de cierre que determine si las ex parejas pueden hacer uso, o no, de ese derecho”. El abogado aclaró que la norma se refiere solo a cónyuges actuales.
Sin embargo, “ese derecho debe analizarse de manera teleológica, es decir, de acuerdo con los fines de la norma”. Ese fin, para el abogado, es “que la información que sea obtenida válidamente en ámbitos de confidencialidad pueda seguirse manteniendo en dichos ámbitos”. Es decir, que la información que pueda ser utilizada para declarar contra alguien sea protegida con esa garantía.
Si Vásquez, entonces, tuvo acceso a datos como el dinero presuntamente entregado, o los bienes comprados con él, “en virtud de la especial confidencialidad que se deriva de la intimidad existente entre los cónyuges”, podría eventualmente ampararse en el silencio. Pero las autoridades serán las últimas en aclarar el tema.
Trespalacios continuó con el planteamiento de que Vásquez, aunque podría tener derecho a no lanzar algún tipo de declaraciones, no tiene expresamente un deber de hacerlo, sino que puede decidir no acogerse y, así, contar lo que sabe.
Los cuestionamientos de la Fiscalía
Abogados penalistas han expresado públicamente reparos a la metodología que utilizó la Fiscalía. Al ente acusador se le acusa de priorizar un espectáculo mediático antes que adelantar un proceso respetuoso de los derechos de las personas capturadas.
Estefanía Osorio, miembro del Colegio de Abogados Penalistas, expresó en su cuenta de Twitter que “el derecho penal no es un circo”. Reprochó que “apelan a la virtualidad para que los defensores se conecten, pero trasladan a los capturados hasta Bogotá derrochando recursos”.
El penalista Iván Cancino, defensor de Diego Cadena —el exabogado de Álvaro Uribe—, le dio la razón al abogado de Nicolás Petro en su petición de que las audiencias no se desarrollen en el búnker junto al fiscal que los investigan
Cancino añadió que “las personas capturadas por el CTI no deben ser vigiladas después por este órgano, ya que es la contraparte”, y concluyó que “debe ser la Policía quien custodie a un detenido, y no quien es su contendor procesal”.
Jhonatan Peláez, especialista en ciencias penales, añadió que en casos como el de Petro y Vásquez la Fiscalía traslada en aviones propios a las personas procesadas, pero “en caso de quedar en libertad, por no acceder el juez a la medida de aseguramiento, no los devuelven a las ciudades donde los capturaron con la misma logística”.
Peláez añadió dos cuestionamientos más. El primero, “sorprende unas órdenes de captura contra personas que comparecen a Fiscalía, Procuraduría y otras entidades a rendir sus versiones”. Y el segundo, “¿hasta qué punto es conveniente ayudarle a la Fiscalía a constituir una investigación, si después ordena la captura contra quien ayudó a obtener elementos de prueba? (Caso de Day)”
Juan Trujillo, el abogado de Nicolás Petro, denunció a Caracol Radio que los escoltas del hijo del presidente tienen a miembros de la Fiscalía infiltrados. Asimismo, añadió que a él y su actual esposa los grabaron desnudos durante la captura. A pesar de ello, de todos modos, no apeló la decisión del juez de garantías que dijo que la captura fue legal.
Las posibles repercusiones fuera del proceso
Fuera del caso en sí, el presidente Gustavo Petro tendrá que enviarle a la Corte Suprema una terna para escoger fiscal general, pues el período de Francisco Barbosa ya está terminando.
El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, hoy dijo en varios medios que el mandatario debería abstenerse, siguiendo la misma línea argumentativa de sectores opositores al gobierno.
“Mi posición es que esos cargos deberían estar sujetos a una arista completamente independiente de un poder público”, mencionó Juan Fernando Petro en Semana, donde añadió que el proceso debería ser librado por una “misión de sabios”.
El presidente Gustavo Petro se refirió al caso el mismo sábado, afirmando que, aunque le duele la situación de su hijo, no interferirá de ninguna manera con las autoridades.
Redacción Colprensa.
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