Con este proyecto, el Gobierno Nacional propone cambios radicales al sistema penal colombiano con el fin de agilizar los procesos judiciales y reducir la impunidad.
El gobierno colombiano, de la mano de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, presentó ante el Senado un ambicioso proyecto de ley que busca transformar radicalmente el sistema penal del país. La iniciativa, liderada por el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, tiene como objetivo principal reducir la impunidad, agilizar los procesos judiciales y garantizar una justicia más eficiente y acorde a las necesidades de los ciudadanos.
La propuesta, fruto de un amplio proceso de diálogo y concertación con diversos sectores, plantea una serie de reformas estructurales que buscan restablecer el equilibrio del Sistema Penal Oral Acusatorio, creado en 2004. Según los promotores de la iniciativa, este sistema ha sufrido modificaciones que han limitado el uso de herramientas fundamentales como los preacuerdos y el principio de oportunidad, lo que ha generado una congestión en los juzgados y retrasado la impartición de justicia.
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Los principales cambios propuestos son:
- La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
- Aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento dela indagación.
- La posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.
- Procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
Cifras alarmantes
Las estadísticas presentadas por el gobierno son contundentes: solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal se resuelven a través de mecanismos alternativos como los preacuerdos, mientras que el 90% llega a juicio. Esta situación contrasta con los modelos penales de otros países, donde la tendencia es resolver la mayoría de los casos de manera consensuada.
La congestión del sistema judicial es otro problema grave. Según los datos oficiales, el número de noticias criminales y de casos activos ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha generado una sobrecarga en la Fiscalía y los juzgados.
¿Qué se espera de esta reforma?
Los promotores de la iniciativa esperan que esta reforma permita:
- Reducir la impunidad: Al agilizar los procesos y facilitar la resolución de casos a través de mecanismos alternativos, se espera disminuir el número de delitos que quedan impunes.
- Garantizar una justicia más rápida y eficiente: Los cambios propuestos buscan reducir los tiempos de los procesos judiciales y evitar la prolongación de los conflictos.
- Proteger los derechos de las víctimas: Al priorizar la reparación integral del daño causado, se busca brindar una mayor protección a las víctimas de delitos.
La aprobación de este proyecto representa un desafío importante para el Congreso colombiano. Se espera que la iniciativa genere un amplio debate y que se logre un consenso entre los diferentes sectores involucrados.
Redacción Q’hubo Bogotá + Colaboración IA
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