El debate entre el Superintendente y senadores del Congreso surge debido a la polémica sobre los procedimientos de afirmación de género desde los tres años de edad, mencionados en la circular, lo que ha generado controversia en el ámbito político.
El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, será citado a control político en el Congreso tras la publicación de una circular de la Superintendencia de Salud el 20 de septiembre de 2024. Esta circular establece instrucciones para garantizar el acceso a los servicios de salud a la comunidad trans en Colombia, incluyendo a niños, niñas y adolescentes.
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Senadores del Centro Democrático y Colombia Justa Libres, como Honorario Henríquez y Lorena Ríos Cuéllar, lideran la iniciativa para citar al superintendente, cuestionando la legalidad de la medida. Henríquez calificó la disposición como una “aberración” y afirmó que va en contra de los derechos y la integridad física de los menores, mientras que Ríos sostuvo que este tipo de regulaciones son competencia exclusiva del Congreso, no de la Superintendencia.
Por su parte, la circular detalla las responsabilidades de las instituciones de salud públicas, privadas y mixtas para garantizar el acceso a procedimientos de afirmación de género. Además, promueve la participación de redes de apoyo afectivo para los menores que atraviesan estos procesos. La medida ha contado con el apoyo de organizaciones sociales de población trans, quienes contribuyeron con observaciones durante la elaboración del documento.
Luis Carlos Leal defendió la circular, señalando que está respaldada por el marco constitucional y no pretende “inventar” ni autorizar procedimientos, sino eliminar barreras de acceso a la salud para la población trans. También aclaró que aquellos en proceso de definir su identidad de género tienen derecho a recibir atención de expertos en salud mental.
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Este debate ha avivado el enfrentamiento entre sectores políticos que consideran la circular como una extralimitación de funciones y quienes la ven como un avance en derechos humanos para la comunidad trans en Colombia. El control político será un espacio clave para resolver estas diferencias y determinar el futuro de la normativa.
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