Abusos sexuales a niños indígenas en el Guaviare por parte de militares. Muchos fueron los comentarios de rechazo y las reacciones de sorpresa debido a los hechos conocidos en la última semana. No obstante, para expertos consultados por COLPRENSA su reacción fue de curiosidad, porque estos hechos no son solo de hoy, sino de conocimiento público desde hace varios años, y sin aún sin condenas penales.
El informe presentado por el medio de comunicación internacional Univisión sobre los abusos sexuales a menores de edad generó reacciones desde todas las esferas públicas. El hecho, ya catalogado como un delito, venía con el agravante de ser presuntamente cometidos por militares que estaban en la zona.
La Fiscalía envió una comisión de expertos en diferentes ramas para investigar los abusos sexuales en el Guaviare; el presidente Gustavo Petro calificó este hecho de “etnocidio” y aseguró además que “son 118 militares investigados por violaciones” en la zona; el ICBF también envió una comisión especial para investigar los hechos, la Procuraduría abrió investigación al director del ICBF en el Guaviare y a seis militares más. Todo fue un total revuelo para las entidades del Estado, menos para quienes trabajan en cercanía con estos grupos indígenas.
Aunque parezca insólito, lo que fue una sorpresa y un rechazo para el resto del país, para la del Guaviare y los expertos que han trabajado con los indígenas de la región fue una total ‘sorpresa’, pues se sabe que llevan muchos años denunciando la misma situación ante las mismas entidades que ahora se sorprenden, pero que antes de la denuncia de un medio internacional no habían hecho anda.
En COLPRENSA hablamos con José Luis Quiroga, abogado especializado en Derechos Humanos de indígenas y quien lleva varios años investigando el caso. Además, dialogamos también con otro experto en el tema, integrante de la FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Colombia) y que llamaremos Carlos* a petición de la fuente.
Para Carlos, su reacción al conocerse los hechos de abusos de menores fue contraria a la indignación de todo el país, le sorprendió, pues ya conocía estos hechos hace varios años.
“Me sorprende un poco que se hubiera generado todo este escándalo ante una situación que se ha venido presentando desde hace varios años. No minimizo la gravedad de los hechos que están siendo discutidos en este momento, sino que realmente para quienes hemos estado trabajando sobre la problemática local nos llama la atención que estallara este problema cuando hubiera podido haber estallado antes, en cualquier momento”, expresó.
Esto mismo aseguró Quiroga, al advertir que los abusos sexuales a los niños indígenas vienen sucediendo hace años, incluso con conocimiento público hasta de la Corte Constitucional.
“Sí, es cierto, ese fenómeno del abuso viene de hace muchos años. Incluso, el Auto 173 del 2012 de la Corte Constitucional estaba siendo observado, ya allí había información de situaciones que se habían presentado y lo que sucede es el subregistro en las denuncias”, dice Quiroga.
En el auto nombrado y otro conocido (Auto 004/09) ordenados hace 11 y 14 años respectivamente, el alto tribunal declaró que las comunidades Jiw y Nukak y otros pueblos indígenas se encontraban en peligro de extinción física y cultural, y determinó órdenes judiciales a diferentes entidades para formular y adoptar medidas frente a reportes de abusos sexuales y de violencia física y moral contra mujeres y niñas de estas comunidades indígenas.
Niños vulnerables
Sobre cómo se dan estos casos de abuso sexual, Carlos explica cómo han procedido los militares y otros actores de la población, la vulnerabilidad de estos niños y hasta una comparación con el turismo sexual que también se ha denunciado en Cartagena.
“No es una situación que se presente excepcionalmente, se ha ido conformando una suerte de comercio sexual con estos menores de edad. Y quienes abusan son militares, pero también hombres de la organización social local, gente que vive ahí, que va a prostíbulos y que encuentran este tipo de ofertas aprovechando su marginalidad, como lo que sucede en Cartagena con el turismo sexual”, asegura.
Igualmente, José explica que “estos niños son expuestos a ese tipo de prácticas de manera forzada por los militares y por civiles. Mientras los padres salen a buscar alimento, los niños quedan solos y no tienen conciencia. Ahí opera siempre el uso de la fuerza desde una perspectiva de la manipulación del niño física o mentalmente”, asegura.
Y agrega el cómo la sociedad ha utilizado de excusa y la estigmatización cultural de que los indígenas los buscan para tener relaciones sexuales.
“Por ejemplo, cuando los militares en Santa Cecilia, Pueblo Rico, abusaron de la niña Emberá, lo primero que dijeron los militares era que la niña los había buscado para tener relaciones y que ella estaba dando su consentimiento para eso. Es una forma desde una perspectiva cultural decir, “ah, es que ella quería eso, o culturalmente eso se puede con el pueblo Emberá, el pueblo Nukak o con los jiw”, y eso no es cierto. No opera ese tipo de voluntad y lo que hacen es que estas poblaciones se aprovechan de las necesidades de las personas para acercarse, precisamente para cometer los delitos sexuales”.
Con respecto a las causas por las cuales suceden estos abusos, Carlos expresa que, debido a los conflictos armados en sus territorios, fueron desplazados y empezaron a tener contacto con sustancias psicoactivas, mendicidad y de paso, siendo totalmente vulnerables a estos casos de abuso sexual.
“Imagínate unas personas refugiadas hace dos décadas en sus sitios, pero por los grupos armados y cocaleros los Nukak, que eran nómadas, terminan siendo desplazados de sus tierras para llegar al contacto con la sociedad después de décadas. Los grupos cocaleros aprovecharon la mano de obra de los Nukak como raspachines y les pagaban en bazuco, esto es una forma de adicción inducida y ese es el contacto inicial”, explica.
Y agrega que ese choque cultural es parte del problema. “Hay ciertas cosas que se consiguen con dinero, entonces había que pedir plata y la mendicidad y al tener contacto con sustancias psicoactivas desde temprana edad genera una mayor vulnerabilidad aprovechada por personas que cometen estos abusos y que no son solo militares, esos niños han sido víctimas recurrentes de una sociedad que permite esto”, insiste Quiroga.
Adicionalmente, José expresa que la estigmatización a los grupos indígenas por parte de los ciudadanos, el fenómeno generalizado de la impunidad en materia de delitos sexuales en el país y hasta la falta de las entidades del Estado en cuestiones penales y de material probatorio, aumentan los casos de abuso sexual sin control en el Guaviare.
“En su momento en mi trabajo conocí una situación muy similar en Mapiripán, por el río Guaviare, que ocurría con los niños Jiw, también era una situación de abuso sexual, tráfico sexual que ocurría con los niños en ciertas zonas y a ciertas horas y que era de público conocimiento en el municipio, pero nadie hacia nada, entonces si se pregunta porque el fenómeno aberrante, aun cuando tiene años y décadas, no se ha hecho nada al respecto”.
Omisión de las entidades
Conociendo el choque cultural y la realidad que viven los indígenas de abusos sexuales durante varios años sin control alguno, los dos expertos consultados por COLPRENSA, aseguran que existe una gran responsabilidad del Estado al no realizar acciones concretas, a pesar de que conocen la problemática.
José Quiroga cree que existe una omisión clara de varias entidades encargadas de velar por los derechos de los indígenas para evitar que siga sucediendo.
“Entre 2015 y 2016, yo sostuve reuniones con la Gobernación, con la Alcaldía, con el ICBF, sobre estos temas, no eran nuevos y ya habían ocurrido, tanto que en el auto de la Corte Constitucional desde 2012 ya hablaban de estos hechos y el Estado sabe en su conjunto porque todas estas entidades fueron volcadas en las decisiones”.
Y agrega: “Yo opino que hay una omisión grandísima, no sé si es una falta de voluntad, una falta del enfoque diferencial para poder atender esta situación y creo que la coyuntura es la información de los medios, pues debería llamar la atención de cómo revertir esto, cómo evitamos que esto siga sucediendo con nuestros niños y niñas indígenas”.
Por su parte, Carlos expresa que, aunque existen muchas órdenes judiciales de la Corte y de jueces que han ordenado acciones, existen fallas graves en la atención de los funcionarios públicos encargados.
“Hay una forma de atención institucional que es: “se atiende para que nada cambie”, y lo cierto es que la cosa no ha cambiado. Si usted habla con los funcionarios de las instituciones urbanas del lugar, seguramente sacarán unos listados de acciones, que entregan mercados, que hacen jornadas de salud, que hacen misiones médicas, que hacen toda una cantidad de cosas”.
Y enfatiza: “En el fondo no se soluciona el problema de despojo territorial y la atención a las necesidades de los indígenas en su territorio. Es más cómodo para un funcionario desplazarse en el carro de la institución unos pocos kilómetros en el casco urbano, ir a atender a una gente que está en una especie de campo de refugiados, entregar mercados, llevar médicos y devolverse con un cumplido de su misión, que ir a meterse a una zona alejada en donde hay unas condiciones distintas de gobernabilidad”
Finalmente, sobre las soluciones para evitar que se sigan cometiendo estos abusos sexuales a los menores indígenas, los expertos coinciden en que, lo primero, es sancionar penalmente y ser contundentes con los responsables con estos delitos.
Además, aseguran que se debe hacer educación en las bases militares y demás entidades públicas sobre el respeto a la población indígena de los Nukak y Jiw. Y, por último y la más importante según los expertos consultados: resolver el despojo de sus tierras, garantizar el retorno a sus territorios despojados por la guerra.
“Para ellos volver necesitan unas condiciones mínimas que el Estado les garantice, hacer un retorno con todos los elementos de la cultura Nukak, que vuelvan con las condiciones que tenían y que se le respete el derecho a la tierra porque ninguna entidad del estado a nivel nacional o regional ha garantizado la protección de ese territorio”, puntualiza José.
Redacción: Colprensa.
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